La justicia en Guatemala vuelve a rendirse ante el poder de los corruptos. Esta vez, bajo la firma de tres magistrados suplentes, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo decidió devolver una finca valorada en Q26 millones y una cuenta con Q1.4 millones a una empresa pantalla vinculada directamente al expresidente Otto Pérez Molina. La resolución es un insulto a la inteligencia jurídica, a los avances en la lucha contra la corrupción y a la memoria de los guatemaltecos que han exigido justicia durante años.
Los magistrados Jaime González, Otilio Benjamín López y Belter Mancilla —todos con historiales que despiertan serias dudas sobre su independencia— concluyeron que las pruebas utilizadas por el juez de Extinción de Dominio, Delmar González, no eran válidas porque supuestamente la investigación del Ministerio Público (MP) se realizó cuando Pérez Molina aún gozaba de inmunidad presidencial. Es decir, no negaron el lavado de dinero ni la adquisición fraudulenta del inmueble, simplemente invalidaron las pruebas por una supuesta “irregularidad procesal”.
La lógica de esta resolución es tan absurda como peligrosa: si supuestamente se investiga a alguien con inmunidad, aunque se demuestre que robó, no se puede tocar su dinero ni sus propiedades. Esto sienta un precedente alarmante: basta con haber tenido un cargo público para blindarse de toda rendición de cuentas, incluso años después.
Antecedentes de magistrados que beneficiaron a Pérez Molina
Los antecedentes de los magistrados hablan por sí solos. Jaime González ya había sido cuestionado por favorecer a figuras del viejo régimen, como Álvaro Arzú y los familiares de Jimmy Morales en el caso Botín Registro de la Propiedad. Otilio Benjamín López fue parte de la sala que avaló la persecución contra exfiscales y exfuncionarios de la CICIG, y Belter Mancilla proviene del IDPP, una entidad debilitada y utilizada muchas veces como trampolín para afines al sistema cooptado.
La finca, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, fue adquirida con fondos que la investigación probó eran ilícitos. La empresa Vista Servicios Electrónicos S.A., creada como fachada, no tenía ninguna capacidad financiera real. Aun así, fue utilizada para introducir dinero lavado al sistema bancario, subvalorar el inmueble y luego “legalizarlo” con remodelaciones. El precio pasó de Q2 millones a Q26 millones. Pero nada de eso importó a los magistrados suplentes.
PGN accionará contra decisión
Ahora, la Procuraduría General de la Nación anunció que interpondrá recursos, pero la pregunta es clara: ¿qué posibilidad real existe de revertir esta resolución en un sistema que ya ha sido tomado por redes de impunidad?
Esta decisión confirma que la justicia está siendo administrada por operadores que no protegen el interés público, sino los intereses del pacto de corruptos. Se revierte un fallo logrado tras años de investigación, se valida el uso de empresas pantalla y se premia el saqueo al Estado.
¿Hasta cuándo se permitirá que magistrados suplentes, sin escrutinio, sin independencia, y con nexos evidentes con la vieja política, revivan los privilegios de expresidentes corruptos?
El caso Vista Servicios Electrónicos no es un simple expediente. Es una radiografía del sistema podrido que sigue operando en las cortes del país, y un recordatorio de que la verdadera extinción pendiente en Guatemala no es de dominio… sino de impunidad.