Hay decisiones judiciales que, aunque puedan estar revestidas de lenguaje técnico, terminan teniendo una lectura política imposible de ignorar. La resolución de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que favorece a Walter Mazariegos es una de ellas.
Los magistrados Caren Orfilia Guzmán Sagastume, Irma Yolanda Sosa Flores y Víctor Manuel Castillo Mayén ordenaron a la Contraloría General de Cuentas extender el finiquito a Mazariegos, pese a que existían denuncias presentadas por la propia Contraloría ante el Ministerio Público.
Y aquí está el primer gran problema: ¿qué mensaje envía una resolución de esta naturaleza cuando el beneficiado es precisamente un funcionario cuya gestión y reelección han sido severamente cuestionadas por sectores de la comunidad universitaria?
Proceso fraudulento
Mazariegos ya asumió un nuevo período como rector de la Universidad de San Carlos. Lo hizo después de un proceso electoral que la oposición universitaria ha calificado de fraudulento y en el que otros sectores denunciaron exclusión de electores. El proceso terminó con Mazariegos como único candidato.
Ahora aparece una decisión judicial que termina despejándole otro obstáculo.
La justicia debería ser un muro frente al abuso de poder, no una puerta giratoria para quienes han acumulado cuestionamientos. Y aunque una resolución favorable no demuestra por sí misma ilegalidad o corrupción, tampoco puede pretenderse que la ciudadanía la observe con indiferencia.
Sala cercana a Mazariegos
Más preocupante resulta el contexto. Sectores opositores han señalado a esta Sala como cercana a los intereses de Mazariegos y recuerdan decisiones anteriores relacionadas con procesos de la Usac. Son señalamientos que los magistrados deberían tener la oportunidad de explicar con argumentos, no esconder bajo el silencio institucional.
Porque cuando una persona poderosa consigue una resolución favorable en medio de múltiples controversias, la pregunta no es solamente si la decisión es legal. También importa si es creíble, transparente y capaz de resistir el escrutinio público.
Mazariegos seguirá al frente de la Usac. La Sala ya tomó su decisión. Pero la discusión apenas comienza: ¿quién vigila a quienes tienen el poder de decidir sobre el poder?
Y esa pregunta, en Guatemala, sigue sin una respuesta tranquilizadora.