Un informe emitido por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, tras su visita a Guatemala entre el 8 y el 19 de octubre de 2023, puso en evidencia las serias irregularidades y el abuso de poder en la gestión de Lesther Castellanos, titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (ONPT).
Esta oficina, encargada de velar por los derechos humanos y la prevención de la tortura en el país, se ha visto envuelta en una serie de prácticas cuestionables bajo su liderazgo, lo que ha generado una creciente preocupación tanto dentro como fuera de las fronteras guatemaltecas.
Uno de los puntos más alarmantes del informe es el uso indebido del mecanismo de prevención para perseguir a operadores de justicia y desviar recursos hacia actividades ajenas a su función. La ONU denuncia que la ONPT ha organizado viajes internacionales y firmado convenios opacos que no tienen ninguna relación con la prevención de la tortura.
La delegación del Subcomité observó, por ejemplo, que los miembros de la Oficina viajaron a Europa y México, lo que plantea dudas sobre la justificación y transparencia de estas actividades, que parecen estar más orientadas a intereses personales y políticos que al cumplimiento de la misión institucional.
Mecanismo de Lesther Castellanos carece de legitimidad ante la sociedad civil
Más allá de la utilización de recursos para fines poco claros, el informe destaca que el mecanismo liderado por Castellanos carece de legitimidad ante la sociedad civil. Esta falta de credibilidad es un golpe directo a la efectividad del organismo, cuyo trabajo debería estar basado en la transparencia y en el respeto a los derechos humanos. El Consejo Consultivo, cuya función es brindar apoyo y supervisión al mecanismo, también ha sido criticado por no cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva.
La denuncia de persecución a operadores de justicia, especialmente contra aquellos que han estado involucrados en investigaciones sobre corrupción, es otra de las serias acusaciones que recaen sobre Castellanos. Es particularmente inquietante que el presidente de la ONPT haya presentado querellas contra funcionarios judiciales, muchos de los cuales han dirigido investigaciones contra políticos o han tenido discrepancias con Castellanos en su carrera profesional. Esta situación genera sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de la gestión de Castellanos y su utilización del poder para fines personales.
El informe también hace referencia a la inclusión de Castellanos en la Lista Engel, un listado de personas vinculadas con actos de corrupción y que han socavado la democracia en sus países. Esta inclusión no hace más que reforzar las críticas hacia su figura y poner en duda su idoneidad para liderar una institución encargada de la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
Actividades onerosas y ajenas a la función institucional
Uno de los aspectos más sorprendentes del informe es la participación de la ONPT en actividades claramente ajenas a la prevención de la tortura. El informe menciona que Castellanos asistió a una conferencia en Europa sobre aduanas y que la Oficina firmó un convenio de cooperación con el Consejo Nacional de Adopciones, lo que plantea serias dudas sobre la pertinencia y utilidad de estas acciones en el marco de sus competencias. Estas actividades no solo son fuera de lugar, sino que también generan preocupaciones sobre la falta de transparencia y la opacidad en la gestión de los recursos públicos.
Deficiencias en la labor preventiva
Además de las irregularidades financieras y administrativas, el informe revela deficiencias estructurales en la labor preventiva de la ONPT. Durante la visita, la delegación observó que los miembros del mecanismo no ingresan a las celdas de los privados de libertad, una función clave para prevenir la tortura. Este hecho demuestra una falta de compromiso con la misión principal de la Oficina, lo que pone en riesgo la integridad física y psicológica de los detenidos.
Las condiciones en las cárceles también fueron objeto de crítica. En particular, la Torre de Tribunales fue señalada por sus condiciones deficientes de infraestructura, higiene y alimentación. Las personas detenidas en estas instalaciones pasaron más de 24 horas sin acceso a alimentos o agua, lo que demuestra la grave negligencia en el tratamiento de los privados de libertad.
El informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura es un llamado urgente a la revisión de la gestión de Lesther Castellanos al frente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. La acumulación de denuncias de abuso de poder, la falta de transparencia en la administración de recursos y las deficiencias en el cumplimiento de sus funciones básicas son señales claras de que la Oficina necesita una reforma profunda.