Mientras el país enfrenta una profunda crisis de confianza en su sistema de justicia, el juez Mynor Moto vuelve a escena pública con convivios, sonrisas y canastas navideñas bajo el brazo. No se trata de un gesto espontáneo ni de solidaridad desinteresada. Es una estrategia política anticipada, dirigida al gremio de abogados, con un objetivo claro: asegurar respaldos rumbo a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en 2026.
Que un juez en funciones dedique tiempo y recursos a recorrer departamentos, organizar eventos y entregar obsequios a potenciales electores debería encender alertas. No es ilegal regalar canastas, pero sí profundamente cuestionable cuando quien lo hace aspira a integrar el máximo tribunal constitucional del país y depende del voto de ese mismo sector beneficiado. La línea entre proselitismo gremial y compra de simpatías es demasiado delgada para ignorarla.
Nada de esto es nuevo. Estas prácticas ya fueron documentadas e investigadas en 2020, durante el escándalo del caso Comisiones Paralelas, que reveló cómo operadores del sistema judicial negociaban influencias, favores y apoyos para copar las altas cortes. Cinco años después, los mismos métodos reaparecen, casi sin pudor, mientras el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras opta por la inacción. El silencio institucional no es neutralidad: es complicidad.
El historial de Mynor Moto
El historial de Mynor Moto agrava el panorama. Fue señalado, tuvo orden de captura, se mantuvo prófugo y, con el paso del tiempo, fue beneficiado por resoluciones judiciales que diluyeron los casos en su contra. Ese recorrido no es una anécdota menor ni una “experiencia de vida”, como él mismo intenta presentarlo. Es un antecedente que debería descalificarlo automáticamente para convertirse en guardián de la Constitución.
La Corte de Constitucionalidad no es un premio de consolación ni un botín político para quienes sobrevivieron al escrutinio público por agotamiento institucional. Su función es proteger el orden constitucional, no reinterpretarlo al servicio de intereses gremiales o alianzas personales. Con el respaldo abierto de actores como Wilson López y una campaña anticipada disfrazada de convivencia, Moto intenta normalizar lo que no debería ser aceptable.
Guatemala no necesita reciclar operadores del sistema que ya demostraron los límites de su compromiso con la independencia judicial. Necesita una Corte creíble, íntegra y distante de favores. Mynor Moto no representa esa ruptura. Y por eso, no puede ni debe llegar a la Corte de Constitucionalidad