La organización Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) y la defensa legal de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, exigieron este martes al Estado de Guatemala cumplir con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó de “arbitraria” su detención en 2023 y ordenó su inmediata reparación.
Durante una rueda de prensa, la organización canadiense y González señalaron que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales. La abogada permaneció 82 días en prisión preventiva luego de ser capturada en agosto de 2023 por un proceso relacionado con un supuesto delito de “abuso de autoridad”, pese a que dicha figura penal es aplicable a funcionarios públicos.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, a quien González había investigado durante su trabajo como mandataria de la CICIG.
Persecución contra Claudia González
González sostuvo que la persecución judicial estuvo relacionada con su labor dentro de la comisión de Naciones Unidas, que entre 2014 y 2019 participó en investigaciones que permitieron desmantelar más de 200 estructuras vinculadas con corrupción dentro del Estado.
Tanto ASFC como la abogada recordaron que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su arresto careció de base legal y formó parte de un “patrón de discriminación” y represalias por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
“El Grupo de Trabajo exige al Estado de Guatemala actuar sin dilación, reparar a Claudia González Orellana e investigar de manera exhaustiva a las personas responsables”, declaró Claudia María López, directora de ASFC.
Llamado para acatar estándares internacionales
Ante la reanudación del juicio contra González, prevista para mayo de 2027, su defensora, Joseline Jácome, pidió al Ministerio Público y a los tribunales acatar los estándares internacionales y declarar su inocencia. Según la abogada, las demoras y suspensiones de audiencias han provocado durante tres años un desgaste “financiero, personal y psicológico” para su defendida. El caso ocurre en medio de cuestionamientos internacionales por la persecución contra operadores de justicia y actores vinculados con investigaciones anticorrupción durante la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.