El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos instó este viernes al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas urgentes para frenar la persecución judicial contra defensores de derechos humanos y evitar la influencia indebida del sector privado en las instituciones del Estado.
Al término de su visita oficial al país, realizada del 19 al 28 de agosto, las expertas independientes de Naciones Unidas advirtieron sobre vacíos en la rendición de cuentas por abusos ambientales y territoriales vinculados con operaciones empresariales en territorios indígenas.
Durante una conferencia de prensa, las expertas expresaron su especial preocupación por el deterioro del sistema de justicia guatemalteco y por el presunto uso del aparato legal para amedrentar a líderes comunitarios y periodistas que denuncian proyectos extractivos o agroindustriales.
«El uso del sistema judicial como un arma para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación», declaró Fernanda Hopenhaym durante la presentación de las conclusiones preliminares de la misión en la capital guatemalteca.
Alertan sobre presunta injerencia
Por su parte, la especialista Lyra Jakuleviciene alertó sobre la presunta injerencia de actores corporativos en las instituciones públicas.
«Hemos recibido denuncias sistemáticas de una amplia gama de partes interesadas sobre la influencia indebida del sector privado en los procesos legislativos, administrativos y judiciales», subrayó.
Las delegadas también señalaron que los pueblos indígenas enfrentan despojos de tierras, desalojos violentos con participación no autorizada de empresas de seguridad privada e incumplimientos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Informe final
Guatemala, donde más del 40 % de la población pertenece a pueblos originarios, acumula años de tensiones por la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros y de monocultivos sin el consentimiento de comunidades locales.
Aunque la misión valoró avances como la apertura de mesas de diálogo gubernamentales y la adopción de una política de protección para defensores, también señaló que la filantropía corporativa no sustituye la responsabilidad legal de respetar los derechos fundamentales.
El informe final de la visita será presentado formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2027.