La postulación de Consuelo Porras para un tercer periodo como fiscal general del Ministerio Público ha desatado una nueva ola de críticas nacionales e internacionales, en medio de señalamientos directos que la califican como una figura que representa retrocesos democráticos y un obstáculo para la independencia judicial en Guatemala.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de ser “corrupta” y “antidemocrática”, busca mantenerse en el poder pese al fuerte rechazo de sectores académicos, organizaciones sociales y actores diplomáticos que cuestionan su gestión frente al Ministerio Público desde 2018. Su permanencia en el cargo ha sido señalada como uno de los factores que profundizó la crisis institucional en el sistema de justicia guatemalteco.
Las sanciones internacionales se fundamentan en la persecución política ejercida contra exoperadores de justicia, exfiscales anticorrupción, periodistas y líderes indígenas, así como por la protección de actores vinculados a redes de corrupción.
Entre los señalamientos más graves se encuentra el intento de impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, mediante la apertura de investigaciones y acciones legales que buscaban frenar su llegada al poder, lo que generó un fuerte enfrentamiento político entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Porras no presentó su expediente personalmente
De acuerdo con los datos oficiales, 59 aspirantes se postularon al cargo. Sin embargo, la presencia de Porras en el listado generó sorpresa, principalmente porque no presentó personalmente su expediente, sino que envió a una representante, lo que fue interpretado como un movimiento político simbólico más que como una intención real de competir en igualdad de condiciones.
La postulación de Porras ha sido señalada por sectores políticos y analistas como un movimiento para obstaculizar el proceso de elección del próximo fiscal general y prolongar su permanencia en el control del Ministerio Público.
El proceso de elección del fiscal general se desarrolla en medio de una de las mayores tensiones políticas y judiciales de los últimos años en Guatemala, donde el resultado de la selección será determinante para el futuro de la independencia del sistema de justicia y el equilibrio de poder en el país.