En el marco de los 100 días del gobierno de Bernardo Arévalo, integrantes de la organización Unidos por la Democracia, junto con el Padre Sergio Godoy de Cobán, Alta Verapaz, han presentado una solicitud para llevar a cabo una consulta popular que permita al presidente remover a Consuelo Porras de su cargo como Fiscal General.
Preocupación por la influencia de Consuelo Porras
El Padre Godoy ha expresado preocupación por la presunta influencia de Consuelo Porras en instituciones clave como la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República, argumentando que estos poderes ocultos aliados a Porras buscan obstaculizar la gestión del presidente Arévalo.
Sin favor político, una acción ciudadana consciente
Se destaca que esta iniciativa no busca ningún favor político, sino que es una acción de ciudadanos conscientes que buscan fortalecer la democracia en el país. En un memorial presentado, se hace referencia a eventos ocurridos en 2023, donde se acusa a Porras, junto con el entonces presidente Alejandro Giammattei, el juez Fredy Orellana, el Procurador de los Derechos Humanos Alejandro Cordova, y diputados del partido Vamos, de organizar un golpe de estado democrático y al estado de derecho. Se afirma que Porras habría ordenado una persecución contra Arévalo y el partido que lo promovía para la presidencia.
Causales legales para la remoción de Consuelo Porras
Los solicitantes argumentan que existen causales legales para la remoción de la Fiscal General. Además, solicitan que la consulta popular sea promovida por el Tribunal Supremo Electoral a petición del presidente de la República, con la participación del Congreso para avalar las preguntas que se harán a los ciudadanos, y que la ley electoral regule esta institución.
Fortaleciendo la democracia con participación ciudadana
En este sentido, se hace hincapié en el derecho de petición establecido por la ley, solicitando que se dé el trámite correspondiente al memorial presentado por la organización. Esta solicitud busca fortalecer los mecanismos democráticos y garantizar la participación ciudadana en decisiones de interés nacional.