Una propuesta para revisar los casos de criminalización denunciados en Guatemala durante los últimos años plantea la creación de una unidad especializada dentro del Ministerio Público (MP), con la capacidad de analizar los expedientes y promover acciones para corregir posibles abusos en el uso del sistema penal.
La iniciativa fue presentada por el Cyrus R. Vance Center for International Justice y Dilemas de Fondo, que proponen crear la Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización (UERD). La estructura tendría un carácter transitorio y un período de funcionamiento de al menos cinco años.
Uno de sus principales objetivos sería revisar de oficio los expedientes señalados como casos de criminalización entre 2018 y 2026, aunque también podría actuar a petición de las personas afectadas. La propuesta busca que estos procesos sean examinados bajo criterios objetivos para determinar si existen elementos que justifiquen su continuidad.
Casos prioritarios
Las organizaciones plantean que la unidad atienda con prioridad a personas que permanecen privadas de libertad, están en el exilio o tienen órdenes de captura vigentes. También contempla casos en los que existan comunidades bajo riesgo de desalojo, así como personas sujetas a otras medidas que puedan poner en riesgo sus derechos.
Entre los indicadores que podrían utilizarse para identificar posibles casos de criminalización se encuentran la existencia de múltiples denuncias contra una misma persona, acusaciones sin fundamento, uso abusivo de la prisión preventiva, procesos excesivamente prolongados, reservas judiciales injustificadas y posibles irregularidades en la asignación de jueces.
La propuesta también contempla que la UERD cuente con autonomía funcional, presupuesto propio y personal especializado, además de canales para recibir denuncias y mecanismos de protección para informantes. Sus responsables tendrían que elaborar informes públicos de manera trimestral y permitir que los defensores de las víctimas aporten pruebas durante las revisiones.
El planteamiento surge luego de que el fiscal general, Gabriel García Luna, anunciara la creación de una comisión especial para revisar expedientes relacionados con personas que fueron perseguidas durante la gestión de Consuelo Porras. Según el MP, ese proceso se encuentra actualmente en desarrollo.
Advierten sobre el tiempo y la concentración de casos
El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, consideró positiva la búsqueda de mecanismos institucionales para revisar los casos cuestionados, pero señaló que la creación de una nueva estructura podría tomar tiempo.
Sandoval advirtió que este aspecto resulta especialmente importante para quienes permanecen detenidos, tienen órdenes de captura o continúan en el exilio. También planteó otro riesgo: concentrar en una sola unidad una gran cantidad de expedientes podría convertir a sus integrantes en un objetivo claramente identificable, como ocurrió, según recordó, con la antigua FECI.
La propuesta sostiene que la UERD no tendría como finalidad sustituir a los tribunales ni generar impunidad, sino revisar el uso del poder penal y, cuando corresponda, impulsar las acciones legales necesarias para restituir los derechos de las personas afectadas y facilitar el retorno seguro de quienes permanecen en el exilio.