En Guatemala, ser un operador de justicia comprometido con combatir la corrupción se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal anticorrupción, es un ejemplo emblemático de cómo las investigaciones que incomodan a los sectores más poderosos pueden terminar criminalizando a quienes las conducen. Su historia no solo refleja el costo personal de luchar contra la impunidad, sino que también pone en evidencia las tensiones que atraviesa el sistema de justicia en el país.
Pantaleón inició su carrera en el Ministerio Público (MP) en 2013 como pasante mientras estudiaba Derecho en la Universidad de San Carlos. Con apenas 20 años, ingresó a la Fiscalía contra el Crimen Organizado y, posteriormente, fue asignado a la Fiscalía contra la Corrupción, donde investigó casos emblemáticos.
Entre estos destaca el del Libramiento de Chimaltenango, una trama de corrupción que involucró al exministro de Comunicaciones José Luis Benito y a otros funcionarios del gobierno de Jimmy Morales. Gracias a su trabajo, varios responsables fueron capturados, aunque las consecuencias para Pantaleón serían devastadoras.
El traslado de Eduardo Pantaleón
Con la llegada de Consuelo Porras como Fiscal General, Pantaleón fue trasladado a la Fiscalía Liquidadora, un movimiento que evidenciaba el debilitamiento sistemático de las fiscalías clave para combatir la corrupción. A pesar de esto, continuó trabajando hasta que el MP, dirigido por Porras, lo acusó de delitos relacionados con su labor como fiscal anticorrupción, en un caso que diversas organizaciones calificaron de político.
En mayo de 2022, Pantaleón fue arrestado dentro de las oficinas del MP y enviado a prisión preventiva en Mariscal Zavala, un centro conocido por albergar a exfuncionarios y políticos implicados en casos de corrupción. Allí, fue aislado debido al riesgo que enfrentaba, permaneciendo en condiciones precarias durante semanas. Aunque posteriormente fue beneficiado con arresto domiciliario, su carrera quedó en pausa, y su reincorporación laboral fue bloqueada bajo argumentos legales cuestionables.
La persecución contra Pantaleón
La Fiscalía de Asuntos Internos, encargada de perseguir a varios operadores de justicia críticos, fue la encargada de su caso. Pese a las limitaciones impuestas, Pantaleón logró demostrar su inocencia en juicio. Sin embargo, el MP presentó recursos para revertir su absolución, prolongando la incertidumbre laboral y jurídica que lo afecta hasta la fecha.
Desde su suspensión en 2022, Pantaleón no ha percibido ingresos ni ha podido trabajar en otra institución pública o privada. A pesar de sus esfuerzos legales, incluyendo una apelación que permanece estancada, el MP se ha negado a reintegrarlo, basándose en reglamentos internos que, según el exfiscal, contradicen la Constitución y las leyes laborales. Un caso que refleja un patrón.
Patrón de hostigamiento
El caso de Pantaleón no es un hecho aislado. Se suma a la lista de operadores de justicia perseguidos durante la administración de Consuelo Porras. Este patrón de hostigamiento ha llevado al exilio a jueces y fiscales que lideraron investigaciones emblemáticas, mientras figuras vinculadas a redes de corrupción han encontrado protección en el sistema actual.
Pese a las adversidades, Eduardo Pantaleón se mantiene firme en su posición de no renunciar a su cargo, argumentando que hacerlo significaría legitimar la persecución de la que ha sido víctima. Su caso es un recordatorio del estado crítico en el que se encuentra el sistema de justicia guatemalteco, donde quienes luchan por la transparencia y el Estado de derecho terminan siendo perseguidos.
Nota: Este artículo incluye fragmentos de información de Plaza Pública y La Hora.