Mayra Alejandra Carrillo de León, nacida el 9 de enero de 1986, es una figura política cuya trayectoria ha estado marcada por controversias, señalamientos de corrupción y alianzas cuestionables. Carrillo, quien inició su carrera política como diputada del extinto Partido Patriota (PP), se convirtió en un símbolo de la influencia de redes corruptas en el sistema político guatemalteco. Su ascenso y permanencia en cargos clave han sido objeto de críticas y denuncias que exponen cómo los intereses particulares prevalecen sobre los intereses de la ciudadanía.
Mayra Alejandra Carrillo de «dipukid» a operadora política
Carrillo alcanzó notoriedad durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, donde fue una de las diputadas más jóvenes, ganándose el apodo de «dipukid» por su cercanía a Baldetti. Posteriormente, se unió al Movimiento Reformador, un bloque conformado mayoritariamente por exdiputados del PP y LIDER, ambos partidos con historiales plagados de casos de corrupción.
Durante su paso por el Congreso, Carrillo tuvo una gestión sin pena ni gloria. Presentó menos de una docena de iniciativas de ley, lo que demuestra su escaso impacto legislativo. Sin embargo, su influencia creció al convertirse en una pieza clave del «Pacto de Corruptos», una red política que buscó perpetuar la impunidad y consolidar el control sobre las instituciones judiciales.
Lista Engel y Comisiones Paralelas 2020
En julio de 2022, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Alejandra Carrillo en la Lista Engel de actores «corruptos» y «antidemocráticos». Según el Departamento de Estado, Carrillo facilitó el esquema de las Comisiones Paralelas 2020, un mecanismo que manipuló la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en beneficio de intereses políticos y económicos.
Este caso, investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la dirección de Juan Francisco Sandoval, reveló la participación de actores políticos, jueces, abogados y funcionarios en un plan orquestado por Gustavo Alejos, un operador político con múltiples procesos judiciales por corrupción. Carrillo fue señalada como una operadora clave en el Congreso para asegurar los votos necesarios para esta elección amañada.
Plazas fantasma y abuso de poder
Carrillo también enfrentó investigaciones por la creación de más de 100 plazas fantasma en el Instituto de la Víctima, donde favoreció a magistrados y funcionarios clave. Chats filtrados revelaron cómo Carrillo negociaba contrataciones con Silvia Valdez, exmagistrada de la CSJ, y con el exdiputado Jorge García Silva, quien también está implicado en casos de corrupción.
A pesar de las denuncias y las pruebas recopiladas por el MP, las investigaciones contra Carrillo se estancaron y fueron eventualmente cerradas. Su relación con la fiscal general Consuelo Porras, sancionada internacionalmente por corrupción, garantizó su protección.
Una premiación inesperada para Alejandra Carrillo
En febrero de 2024, tras ser destituida como directora del Instituto de la Víctima por el gobierno de Bernardo Arévalo, diez meses después, Carrillo fue premiada con un nuevo puesto en la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Este cargo, que le reporta un salario de Q35 mil mensuales, generó indignación entre sectores que denuncian la cooptación del sistema de justicia.
La elección de Carrillo para este puesto ocurrió durante una reunión que contó con la participación de figuras igualmente cuestionadas, como Porras y el presidente del Organismo Judicial, Teódulo Cifuentes. Este nombramiento evidencia cómo las redes de poder corruptas continúan premiando a sus aliados, a pesar de las denuncias y sanciones internacionales.
Dato destacado
Cabe destacar que en 2021, Alejandra Carrillo contrajo matrimonio con Felipe Alejos, diputado señalado por corrupción y tráfico de influencias. Alejos es conocido por su inclusión en la Lista Magnitsky de los Estados Unidos, que sanciona a personas involucradas en actos corruptos y les congela bienes y visas. Esta alianza matrimonial no solo reforzó los vínculos entre figuras clave del pacto de corruptos, sino que también ilustra cómo las élites políticas guatemaltecas consolidan su poder a través de redes personales y políticas profundamente arraigadas en la impunidad.