Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), encarna uno de los mayores ejemplos de la corrupción y el abuso de poder en Guatemala. Su figura, lejos de ser sinónimo de justicia, se ha convertido en sinónimo de represión y encubrimiento. Bajo su liderazgo, la FECI ha cambiado de ser un bastión contra la impunidad a convertirse en una herramienta de persecución política y control autoritario.
Rafael Curruchiche: Una carrera llena de controversias
Desde su nombramiento el 3 de agosto de 2021 por la fiscal general Consuelo Porras, Curruchiche ha estado en el centro de una serie de decisiones cuestionables y de actos que no hacen sino profundizar la crisis de justicia en Guatemala. Su primera gran acción como jefe de la FECI fue perseguir a Juan Francisco Sandoval, el exfiscal que había tenido el valor de investigar al presidente Alejandro Giammattei y a su entorno. En lugar de continuar con investigaciones anticorrupción cruciales, Curruchiche archivó los casos y lanzó una cacería contra Sandoval, incluyendo órdenes de captura y una solicitud de extradición desde Estados Unidos.
Curruchiche no solo ha obstruido investigaciones; también ha usado su posición para intimidar y acosar a fiscales y periodistas. Entre sus víctimas se encuentra José Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, quien ha sido uno de los más críticos del gobierno de Giammattei. La inclusión de Curruchiche en la lista Engel por el Departamento de Estado de EE.UU. es un reflejo de su conducta corrupta y antidemocrática. La acusación de obstrucción de justicia y la manipulación de casos en contra de aquellos que se oponen al régimen son prueba suficiente de su falta de integridad, por esa misma razón fue sancionado por más de 40 países de la Unión Europea.
Un intento desesperado por inmunidad
En un acto que no sorprende a quienes conocen su historial, Curruchiche ha decidido postularse para una magistratura en la Sala de Apelaciones, buscando así una cobertura legal que le otorgue inmunidad frente a las múltiples acusaciones en su contra. Este movimiento desesperado pone en evidencia su intención de consolidar un poder que le permita continuar con su agenda de impunidad y represión sin enfrentar consecuencias. La reciente solicitud de información en el Tribunal Supremo Electoral para su candidatura revela su estrategia de autopreservación y control.
Curruchiche, quien en sus inicios como jefe interino de la Fiscalía de Delitos Electorales ya mostraba signos de manipulación, no cumplió con los requisitos para ser fiscal de sección, pero logró ascender tras una cuestionable modificación reglamentaria. Este ascenso, en lugar de reflejar mérito y capacidad, demuestra cómo las estructuras de poder se han corrompido para favorecer a aquellos que mantienen el statu quo de la corrupción y el abuso.
Las consecuencias de su ascenso
Si Curruchiche logra llegar a una Sala de Apelaciones, el impacto será devastador para la justicia en Guatemala. Su historial de obstrucción y represión, combinado con un sistema de evaluación débil y manipulable, solo fortalecerá la impunidad y profundizará la crisis judicial.
La incorporación de figuras como Curruchiche a cargos judiciales no hace sino reforzar la percepción de que el sistema está diseñado para proteger a los corruptos y castigar a los que buscan la verdad.
La candidatura de Rafael Curruchiche para una magistratura es un claro intento de perpetuar la impunidad y socavar el sistema judicial guatemalteco desde adentro. Su ascenso no solo es una amenaza para la justicia, sino una bofetada para los ciudadanos que anhelan un sistema legal transparente y honesto. Es imperativo que la sociedad guatemalteca se mantenga alerta y exija un proceso de selección de magistrados que no esté contaminado por intereses corruptos y que realmente busque justicia y equidad.