La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue generando controversia al resolver la debida ejecutoria de un amparo que exige la restitución de Mynor Moto como juez, cargo del que fue apartado por su presunta vinculación en dos casos de corrupción.
Este hecho, sumado a la reciente restitución de la magistrada Blanca Stalling, acusada también de corrupción judicial, plantea serias interrogantes sobre la integridad y la transparencia en el sistema judicial del país centroamericano.
En este preocupante episodio de la justicia guatemalteca, es crucial destacar que tanto Moto como Stalling, ambos acusados de corrupción judicial, podrían beneficiarse de pagos millonarios retroactivos tras ser restituidos en sus cargos.
CSJ ordenó la restitución de Moto
La CSJ ordenó la restitución de Moto el pasado 10 de octubre, pero ante la falta de implementación un mes después, la Corte resolvió una asistencia para la debida ejecutoria, instando al Consejo de la Carrera Judicial a reinstalarlo en su puesto. Este polémico dictamen resalta aún más la dualidad en la administración de justicia guatemalteca.
Moto enfrenta señalamientos en los casos Libramiento de Chimaltenango y Comisiones Paralelas 2020. Aunque la exjueza Erika Aifán había emitido una orden de captura en 2021 por su presunta participación en la manipulación del proceso de selección de magistrados, dicha orden fue anulada en diciembre de 2022, permitiendo a Moto evitar la acción legal.
Adicionalmente, la Fiscalía destacó que, según señalamientos, Moto no solo recibió un soborno, sino que deliberadamente demoró el avance de la investigación. Además, otorgó decisiones favorables a 16 acusados y permitió medidas sustitutivas a dos prominentes empresarios relacionados con el caso. Por estas acciones, enfrentaba acusaciones de cohecho pasivo, negligencia en sus obligaciones y obstrucción a la justicia.
A pesar de los múltiples señalamientos, el Ministerio de Consuelo Porras no ha avanzado en los casos contra Moto, y este ha aprovechado la falta de acciones legales en su contra para conseguir su reinstalación como juez, pese a no resolver los procesos legales en su contra.
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Durante más de 21 meses, el Juez Moto estuvo prófugo de la justicia, hasta que Bremer y Pérez revocaron las órdenes de arresto en su contra, y posteriormente no fue convocado para su primera comparecencia.
Persecución contra jueces anticorrupción
La situación contrasta fuertemente con la persecución y la búsqueda de protección en el extranjero por parte de jueces como Carlos Ruano, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, quienes han enfrentado represalias por sus esfuerzos anticorrupción.
Carlos Ruano, el tercer juez en buscar refugio en el extranjero, destaca el dilema en el sistema judicial guatemalteco. Mientras jueces vinculados a casos de corrupción como Moto son restituidos, aquellos que han luchado por la transparencia y la justicia se ven forzados al exilio. La paradoja revela una necesidad urgente de fortalecer las instituciones judiciales para garantizar la imparcialidad y la integridad en la administración de justicia.
En este contexto, Moto ha sido contratado como director jurídico en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT), presidida por Lesther Castellanos, quien denunció a la exfiscal Virginia Laparra. La conexión entre Castellanos y Moto va más allá de lo laboral, ya que el dirigente de la OPT fue referencia personal y comercial del exjuez para la compra de su apartamento.
Además, familiares de Moto tienen contratos con instituciones públicas. Su esposa, Yesica Magaly Ramírez Díaz, trabaja en el Instituto de la Víctima y sus hermanos, Walter Alberto y Moris Abner, tienen contratos en el Ministerio de Gobernación y los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social, respectivamente.
Contradicciones en el sistema de justicia
La dualidad en la administración de justicia guatemalteca genera inquietudes sobre la independencia del poder judicial y destaca la necesidad de reformas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La situación actual plantea interrogantes sobre el papel de las instituciones judiciales en la lucha contra la corrupción y la protección de aquellos que buscan erradicarla.
La restitución de Mynor Moto como juez, a pesar de las acusaciones de corrupción en su contra, resalta las contradicciones y desafíos en el sistema judicial guatemalteco. La búsqueda de refugio en el extranjero por parte de jueces como Carlos Ruano, Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez evidencia la complejidad y las tensiones en la lucha por la justicia y la transparencia en el país.