El Ministerio Público (MP) informó que la Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), confirmando así el cierre del caso que involucraba al empresario Gustavo Alejos, su esposa Beatriz Janza Bianchi y el abogado Rafael Escobar Pereira en una trama de corrupción y lavado de dinero.
La resolución judicial se basa en la decisión previa de la jueza de mayor riesgo «D», Abelina Cruz Toscano, quien el pasado 12 de febrero dictaminó a favor de los acusados, ordenando el cierre de la investigación.
En dicha resolución se dictó sobreseimiento sobre cinco delitos por los que era señalado el empresario y exsecretario de la Presidencia del gobierno del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), los cuales son:
- Lavado de dinero u otros activos
- Cohecho pasivo
- Asociación ilícita
- Evasión
- Defraudación tributaria
Gustavo Alejos, influyente operador político
Esta determinación ha generado una profunda consternación en diversos sectores de la sociedad guatemalteca, sembrando dudas sobre la efectividad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país. Además, ha suscitado críticas hacia el sistema judicial, especialmente en un contexto marcado por el proceso de elección de magistrados de Sala y Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde Alejos ha sido señalado como un influyente operador político.
A pesar de la decisión de la Sala, la FECI expresó su intención de impugnar esta resolución ante instancias superiores, anunciando la presentación de un recurso de casación para revertir el fallo. Sin embargo, cabe destacar que desde que Rafael Curruchiche está a cargo de dicha fiscalía, los casos de corrupción no han avanzado y se ha observado un beneficio a los señalados.
La investigación llevada a cabo por la antigua FECI, bajo el mando de Juan Francisco Sandoval, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló una red de corrupción en la que contratistas del Estado, especialmente del sector de la construcción, se asociaron con funcionarios gubernamentales para el pago de sobornos a cambio de contratos lucrativos o privilegios en el pago de deudas.
Esta trama involucró el uso de sofisticados mecanismos de lavado de dinero, donde se crearon sociedades offshore en Belice y Panamá para ocultar el origen de los fondos ilícitos. Además, se documentó cómo se realizaron contratos ficticios y se llevaron a cabo transacciones fraudulentas para la adquisición de propiedades, las cuales luego fueron entregadas a funcionarios del gobierno como parte de los sobornos. La investigación también reveló transferencias de fondos a figuras públicas de alto perfil que se beneficiaron de estas actividades ilícitas.
Gustavo Alejos, beneficiado en otro caso
En 2022, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo a favor de Alejos, sindicado en el caso de supuesto financiamiento irregular del partido UNE.
Con base en la decisión de los magistrados del alto tribunal constitucional, el también empresario no podrá ser investigado por el delito de financiamiento electoral no registrado. Sin embargo, Alejos sigue ligado a proceso por asociación ilícita.
Esta resolución surge de una inconstitucionalidad planteada por Rodrigo Leal Castillo y el excandidato a la Vicepresidencia, Mario Leal Castillo, quienes argumentaron que el delito de financiamiento electoral no registrado no existía cuando supuestamente se cometieron los hechos.
La CC los amparó y por esta misma resolución anteriormente fueron beneficiados la expresidenciable Sandra Torres y otros acusados en este caso.
La FECI señala a Alejos de haber aportado Q500 mil a la UNE por medio de un cheque en mayo de 2015.
Este revés judicial plantea serias interrogantes sobre los esfuerzos por combatir la corrupción en Guatemala, cuestionando la transparencia y la independencia del sistema judicial en la lucha contra este flagelo.