El exministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, se puso a disposición de la justicia este lunes 24 de agosto, luego de haber permanecido prófugo desde el 2016. El Ministerio Público recibió la petición de la defensa técnica, sobre su voluntad de ponerse a disposición de las autoridades judiciales, por virtud de las órdenes de detención emitidas en distintos órganos jurisdiccionales, dictadas en las causas en las que según las investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- tendría vinculación con varios procesos judiciales (Cooptación del Estado -Evento “La Coperacha”, Construcción y Corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca).
Al tener conocimiento de la situación e información objetiva al respecto, el Ministerio Público realizó la coordinación correspondiente con las autoridades respectivas: a) La División de Interpol de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, para el levantamiento de alertas migratorias en los países de tránsito; b) El Ministerio de Gobernación, para garantizar la efectividad de la diligencia de detención y garantizar los derechos humanos del señor Sinibaldi Aparicio; c) El Ministerio de Relaciones Exteriores, para las gestiones diplomáticas pertinentes, en los distintos Estados que sirvieron de tránsito para la llegada de Sinibaldi Aparicio a territorio nacional.
Respetando la jurisprudencia constitucional, asentada en fallos dictados por el máximo tribunal constitucional en expedientes: 2639-2007, 2473-2007, 779-2019 y auto dictado en el expediente 5062-2019, según los cuales: “(…) el apersonamiento de un sindicado al proceso penal para establecer su situación jurídica únicamente se cumple mediante la presencia física del procesado, para que, de esa forma, pueda ejercer de manera plena y eficaz su derecho de defensa (…)”, el Ministerio Público ha enderezado sus acciones para cumplir con ese cometido.
Serán los distintos órganos jurisdiccionales, los que decidan la situación jurídica del imputado. La Fiscalía en su actuar, como es deber, hará las gestiones con apego a los postulados que rigen la naturaleza institucional: objetividad, legalidad e imparcialidad.
La FECI ha trabajado incansablemente por la desestructuración de las redes político, económico ilícitas y procura la búsqueda de la verdad y justicia para las víctimas de los crímenes perpetrados por estos actores.
Con estas acciones, el Ministerio Público cumple con su compromiso de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del país y el combate a la corrupción e impunidad, en aras de garantizar el sometimiento de los ciudadanos al marco legal.
Antecedentes
Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre el 2012 y el 2014.
Un año después fue proclamado candidato presidencial por el PP, pero renunció al partido y abandonó el país, en medio de los señalamientos de corrupción contra esa administración formulados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El más reciente caso de corrupción contra Sinibaldi se refiere a un desfalco de Q26 millones de un banco para financiar la campaña del PP.
En septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura del exministro por el caso Transurbano, donde se le señala de estar vinculado con empresas de cartón beneficiadas con contratos de seguridad para el servicio de transporte.
Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A.. Ambas recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.
También está implicado en el caso Odebrecht, que salpicó a políticos y gobernantes de Sudamérica. El MP lo señala de haber negociado con los empresarios brasileños para la adjudicación de un tramo carretero de la Costa Sur.
De acuerdo con el MP, Sinibaldi recibió US$19.7 millones -Q146 millones, es decir 7.5 por ciento de los US$300 millones del contrato- para repartir en coimas entre personas como Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Baldizón.
Sobre el caso Construcción y Corrupción, la Fiscalía cree que Sinibaldi, a través de empresas de cartón, habría recibido US$10 millones en sobornos, tanto para que el Ministerio de Comunicaciones adjudicara obras o para pagar deuda de arrastre. En audiencias judiciales, empresarios lo confirmaron.
Por ejemplo, empresarios procesados ante el Juzgado de Mayor Riesgo D señalaron en octubre del 2017 que Sinibaldi les cobró unos Q19.7 millones. En ese mismo caso, Álvaro Mayorga, directivo de la Constructora Nacional S.A. (Conasa) e implicado, dijo el 7 de agosto de 2017 al juzgado que la empresa habría pagado Q36 millones en sobornos a Sinibaldi.
En el caso Cooperacha, Sinibaldi habría aportado Q2.5 millones y US$245 mil en regalos para Pérez Molina y Baldetti.
Antes de clausurar sus operaciones, la Cicig denunció ante el MP a Sinibaldi, Manuel Baldizón, expresidenciable implicado en corrupción aquí y condenado a cuatro años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero, y a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua.
A los tres los señala de haber influido en la elección de las cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2014-2019.