En Bruselas, Bélgica, durante una sesión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra alertó al Parlamento Europeo sobre la utilización del sistema judicial guatemalteco como herramienta de persecución. Su intervención buscó poner en evidencia cómo la instrumentalización de la justicia ha obligado al exilio a más de un centenar de operadores, defensores de derechos y periodistas.
Laparra recordó que su propio proceso judicial refleja la manera en que el Ministerio Público ha insistido en mantener la persecución en su contra, incluso al solicitar una orden de captura internacional por medio de acciones legales en la Corte de Constitucionalidad. Subrayó que el suyo no es un caso aislado, sino parte de una política sistemática que ha llevado al exilio a fiscales, jueces, líderes indígenas, autoridades electorales y defensores de la tierra.
La exfiscal hizo mención de quienes permanecen en prisión preventiva, como el periodista José Rubén Zamora, el exfiscal Stuardo Campo, y los abogados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, para ejemplificar cómo la maquinaria judicial se utiliza para neutralizar voces incómodas.
Atentado directo contra la libertad de conciencia
Durante su discurso, Virginia Laparra señaló que criminalizar el pensamiento representa un atentado directo contra la libertad de conciencia. “No se persigue a una sola persona, sino a una idea. Se castiga la conciencia”, afirmó. También denunció que, en su experiencia, el componente de género agrava la persecución: “Ser mujer y exigir justicia expone a formas particulares de humillación y deshumanización”.
Al mismo tiempo, destacó que perseguir a quienes investigan corrupción favorece su normalización y debilita la confianza ciudadana en las instituciones, lo que, advirtió, socava los cimientos de la democracia. “Sin confianza en las instituciones, no hay democracia”, enfatizó.
Virginia Laparra instó a los parlamentos y organismos internacionales a asumir compromisos claros para contrarrestar estas prácticas: protección real para periodistas, defensores y operadores de justicia bajo amenaza; investigaciones independientes de torturas y violaciones a derechos humanos; así como medidas que frenen el uso político de órdenes de captura y extradiciones. Además, hizo un llamado a respaldar a la sociedad civil y a los medios independientes como pilares de transparencia.
“La maquinaria que busca silenciar la verdad actúa con memoria y con recursos”, advirtió Laparra, subrayando que esa dinámica reduce los espacios de libertad política y de conciencia en la región.