En octubre de 2014 se reveló uno de los episodios más emblemáticos de la corrupción política en Guatemala. La magistrada Claudia Lissette Escobar Mejía denunció públicamente que el entonces diputado del extinto Partido Patriota, Gudy Rivera, intentó presionarla para que resolviera a favor de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, en un amparo que buscaba revertir una decisión del Tribunal Supremo Electoral que le impedía mantener su cargo como secretaria general del partido oficialista.
A cambio, el diputado le ofreció a Escobar apoyo político para su reelección como magistrada titular de la Corte de Apelaciones. La denuncia, respaldada con grabaciones y evidencia directa, llevó a que la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentara una solicitud de antejuicio contra el legislador el 17 de octubre de 2014.
Fue uno de los primeros casos en los que la CICIG demostró cómo el poder político intentaba cooptar la justicia para proteger sus intereses.
Evidencia contra Gudy Rivera
La evidencia reunida, incluyendo los audios, fue contundente. En marzo de 2016, el exdiputado fue capturado y llevado a juicio. El proceso judicial estuvo a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, que el 28 de octubre de 2016 lo condenó a 13 años y 4 meses de prisión inconmutables por cohecho activo y tráfico de influencias. También fue condenado el abogado Vernon González Portillo, quien actuó como intermediario, a 5 años de prisión.
La sentencia se convirtió en un símbolo del trabajo conjunto entre la CICIG y la antigua FECI, dirigida entonces por Juan Francisco Sandoval. Por primera vez en la historia reciente del país, un político con poder fue condenado con base en pruebas técnicas y una investigación independiente.
Rivera obtuvo libertad anticipada
Rivera obtuvo libertad anticipada en septiembre de 2021, tras cumplir parte de su condena. En 2025, once años después del inicio del caso, el exdiputado reapareció públicamente durante un cortejo procesional en Antigua Guatemala, generando indignación y recordando que, aunque la justicia actuó, las heridas que dejó la cooptación del Estado siguen abiertas.
A once años de aquel episodio, el caso Gudy Rivera continúa siendo símbolo de resistencia frente a la corrupción y testimonio del trabajo conjunto de la CICIG y la antigua FECI, instituciones que demostraron que la justicia, cuando es independiente, puede alcanzar incluso a los poderosos.