Las amenazas a su seguridad física y su independencia judicial, además del acoso del que es víctima y la falta de protección, hizo que la jueza de mayor riesgo, Erika Aifán, demandara el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aifán hizo su petición después de varios meses que la seguridad de la juzgadora se ha visto vulnerada y ha recibido un acoso judicial por grupos interesados en que la impunidad continúe en el país. “(Aifán enfrenta fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial” explica la petición planteada.
Aifán tiene a su cargo casos de corrupción del más alto nivel además de bandas del crimen organizado. La jueza ha sido demandada y hasta el momento tiene más de 30 denuncias que datan de los últimos cinco años sin que el MP los clausure. A esto se le suma los seguimientos que ha sido víctima y el espionaje por parte de trabajadores del Organismo Judicial.
Esto hizo que la CIDH otorgara medidas cautelares a su favor en el 2019.
Este es el segundo caso que llega a la CIDH en las últimas semanas. El ex fiscal Juan Francisco Sandoval presentó un proceso en esta corte para exigir su restitución en el MP después de ser despedido de manera ilegal por parte de la fiscal general consuelo Porras