La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, presentó las conclusiones finales del informe elaborado tras su visita a Guatemala en mayo de 2025, en el que analiza la situación de la independencia judicial y el ejercicio de la abogacía en el país.
La experta internacional expuso sus hallazgos y recomendaciones durante una conferencia de prensa, en la cual señaló que el sistema de justicia guatemalteco enfrenta serios desafíos estructurales que afectan su independencia y credibilidad.
“Mi mensaje es que he visto que el pueblo de Guatemala es fuerte, con capacidad en la sociedad civil y en los grupos comunitarios”, expresó Satterthwaite al referirse al contexto nacional y al proceso de renovación de instituciones de justicia.
Señalamientos sobre persecución e instrumentalización del derecho penal
En el marco de los procesos de elecciones de segundo grado para cargos clave del sistema judicial, la relatora advirtió que en Guatemala persisten prácticas preocupantes, como la instrumentalización del derecho penal y la persecución contra operadores de justicia independientes.
“Guatemala presenta un sistema en el cual la justicia se aplica de manera selectiva”, afirmó la experta.
Según el informe, la concentración de poder en instituciones clave, junto con el uso del sistema penal con fines políticos, ha debilitado gravemente la independencia judicial y la confianza pública. De acuerdo con la relatora, la aplicación de la justicia se ve influida por intereses políticos, poder económico y conexiones personales.
Un momento decisivo para el sistema de justicia
Satterthwaite señaló que el país atraviesa una coyuntura crítica. El desmantelamiento de los esfuerzos contra la impunidad y la criminalización sistemática de jueces, fiscales, abogados, periodistas, autoridades indígenas y defensores de derechos humanos han evidenciado debilidades estructurales en el sistema.
En ese contexto, advirtió que las designaciones previstas para 2026 en instituciones clave como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán determinantes para definir si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten.
Llamado a reformas y fortalecimiento institucional
A pesar del panorama crítico, la relatora subrayó que la situación no es irreversible. Indicó que Guatemala cuenta con herramientas jurídicas, experiencia institucional y capital humano suficientes para restablecer un sistema de justicia independiente e imparcial.
Entre las recomendaciones, destacó la necesidad de despolitizar los procesos de nombramiento judicial, restablecer un sistema de carrera basado en el mérito y garantizar una supervisión efectiva del poder del Ministerio Público.
Asimismo, señaló que poner fin a los traslados arbitrarios, a las prácticas disciplinarias abusivas y al uso indebido de procesos penales es fundamental para reconstruir la confianza en el sistema de justicia.
Impacto en grupos vulnerables
El informe también advierte que estas dinámicas afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables que enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia.
Además, el exilio forzado de operadores de justicia ha debilitado la capacidad institucional, lo que —según la relatora— profundiza la impunidad y deja a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sin recursos efectivos.
Ante este panorama, Satterthwaite llamó a una acción urgente y coordinada de todos los poderes del Estado para garantizar en la práctica la independencia judicial, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
Advirtió que, sin reformas inmediatas, existe un serio riesgo de que el sistema de justicia continúe siendo utilizado como una herramienta de persecución en lugar de protección.