Uno de los argumentos para atacar al exfiscal Juan Francisco Sandoval es cuestionar su viaje a Brasil para obtener la declaración de testigos del caso Odebrecht que dieron su testimonio por videoconferencia. Desde el Pacto de Corruptos y sus aliados, se ha tildado a esta diligencia como “oscura” y no autorizada, sin embargo todo fue del conocimiento de un juez, de la Corte Suprema de Justicia y hasta de la Cancillería.
La jueza Claudette Dominguez, a cargo del proceso, informó a la presidencia del Organismo Judicial sobre la audiencia por videoconferencia. Esta fue autorizada y se recibió la instrucción de informar a la Directora de Asuntos Jurídicos, tratados internacionales y traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien debía advertir al Ministerio Público para realizar el trámite correspondiente en Brasil.
El Organismo Judicial estuvo al tanto de la audiencia, al punto que contactó a una empresa que les prestaba el servicio de traducción, para que asignara a un traductor jurado que actuaría como intérprete del Español al Portugués.
La Jueza Dominguez pidió a la Defensa Publica Penal que designara a un abogado defensor por si las declaraciones de los testigos vinculaban a nuevas personas.
Al final, se pidió al departamento de tecnología que preparara el equipo para llevar a cabo la audiencia. Por lo menos tres instituciones del Estado estuvieron atentos a las diligencias llevadas por la FECI aunque ahora se intente dar a la apariencia de un acuerdo poco transparente.