El Ministerio Público ha sido escenario de acciones inescrupulosas y descaradas durante este mes de mayo. Comencemos con el arresto de las fiscales Aliss Morán y Paola Escobar, quienes fueron enviadas de vuelta a prisión hace un par de semanas. Esto es otro ejemplo de la desenfrenada persecución ilegítima dirigida contra los investigadores anticorrupción.
Estas fiscales, al igual que otros funcionarios de justicia, formaban parte de equipos anticorrupción que descubrieron redes mafiosas infiltradas en el sistema estatal y lograron llevar a los responsables ante los tribunales, muchos de los cuales ahora están condenados. Sin embargo, la respuesta de los grupos afectados ha sido activar una maquinaria de venganza en pleno funcionamiento, sin preocuparse por las apariencias, a diferencia de épocas anteriores.
Las acusaciones contra Aliss y Paola, dos jóvenes y brillantes abogadas con al menos una década de servicio público, se basan en la supuesta presión ejercida sobre el abogado Dennis Herrera para que colaborara con la justicia. En la acusación también se menciona a otros dos empleados de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Willy Racanac y Rudy Herrera.
Yo mismo fui testigo de las numerosas ocasiones en las que este abogado se acercó a la fiscalía para entregarnos información sobre un supuesto proceso de manipulación en la elección de los altos tribunales. Sin embargo, después de mi salida de Guatemala, sus intenciones cambiaron por completo y pronto su palabra se convirtió en una herramienta de acoso contra cuatro destacados abogados, ahora exfiscales.
Estas acciones inescrupulosas siguen un patrón que se hizo evidente hace un par de semanas con el fiscal Rafael Curruchiche, quien, tras una audiencia contra el periodista Jose Ruben Zamora y la fiscal Samari Gómez, hizo declaraciones a los medios de comunicación. Acompañado por el equipo de prensa del Ministerio Público, aprovechó la ocasión para lanzar ataques contra mí.
Según Curruchiche, cuando fui destituido por la fiscal general, María Consuelo Porras, saqué documentación que implicaba al presidente Alejandro Giammattei y la entregué a autoridades internacionales. Y, según él, esa es la razón por la cual el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes para llevar a cabo una investigación. Esa es su justificación para afirmar que no hay investigaciones relacionadas con Giammattei y la supuesta entrega de dinero.
Sin embargo, resulta contradictorio, ya que uno de los primeros casos en mi contra se basa precisamente en el expediente que contiene esas pruebas. El proceso se mantiene en reserva para mí, pero no para el público, al cual suele compartir información abiertamente frente a cámaras y micrófonos de prensa.
A estas inescrupulosas acciones se suma la pomposa celebración del quinto aniversario de Consuelo Porras como fiscal general, y el primer año de su reelección. Durante esta conmemoración pública, se intercambiaron discursos y se entregaron reconocimientos grandilocuentes que me recordaron una escena de la película «Su Excelencia» protagonizada por el famoso personaje Cantinflas.
Tienen mucho que celebrar, como lo afirmó el gobernante Giammattei durante el evento, refiriéndose a la reelección de la fiscal general como «la mejor decisión que pudo haber tomado».
Con Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, el presidente de la República está protegido y no existe posibilidad alguna de investigar actos de corrupción. A través de la fiscalía, se han fabricado casos contra operadores judiciales independientes, periodistas incómodos y activistas sociales que podrían representar una amenaza.
Como culminación de estos días festivos de impunidad y para satisfacer su sed de venganza, el viernes pasado fueron arrestados los fiscales Stuardo Campo y Brayan Palencia, quienes formaban parte de la Fiscalía Contra la Corrupción y habían llevado a cabo investigaciones muy importantes contra actores corruptos. Aprovechando esta sed de revancha, los integrantes del pacto de impunidad han convertido a estos fiscales en las víctimas más recientes de su cruzada.
Cuando Campo trabajaba en la FECI, fue el encargado de investigar y procesar el caso de la familia Bitkov. Durante su paso por la Fiscalía Contra la Corrupción, entre otros casos, fue responsable de la investigación sobre el fallido proyecto del Libramiento de Chimaltenango, en el cual se involucra nuevamente al juez Mynor Moto y al exministro José Luis Benito.
Estos acontecimientos representan la Guatemala de las injusticias, en donde, además de desmantelar el aparato anticorrupción, existe un deseo de venganza que no oculta sus formas ni intenciones, y que continuará por mucho tiempo.
Nota de origen aquí.