En Guatemala, un país luchando contra la corrupción y la impunidad, se produce una lamentable justicia invertida que deja atónitos a muchos observadores. Mientras exfiscales anticorrupción languidecen en prisión, funcionarios corruptos disfrutan de libertad condicional y arresto domiciliario. Este sombrío panorama plantea serias interrogantes sobre la equidad y la imparcialidad del sistema judicial guatemalteco.
El caso de Virginia Laparra: 18 meses de privación arbitraria de libertad
Virginia Laparra, una exfiscal y presa de conciencia, lleva 18 meses privada arbitrariamente de su libertad como resultado de procesos penales infundados y plagados de irregularidades que violan sus derechos humanos. Su calvario comenzó en febrero de 2022, después de que iniciara una investigación contra el juez Lesther Castellanos por presuntos actos de corrupción.
Laparra fue sentenciada en diciembre de ese año en un primer caso. En un segundo caso, se le otorgó la medida de arresto domiciliario el 26 de junio de 2023, pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Castellanos presentaron recursos legales que paralizaron el proceso, manteniéndola en prisión.
Mientras que a Baldetti, quien ha sido sentenciada en dos casos de corrupción, se le concedió la autorización de salir de la prisión durante cuatro días a la semana, con el fin de recibir tratamientos médicos por supuestas dolencias en la espalda. Esta decisión se basa en la resolución emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo B, el cual está bajo la responsabilidad de Eva Recinos luego que el Juez Gálvez tuviera que salir al exilio por judicialización y persecusión.
En el caso de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, transcurrieron más de dos meses hasta que la jueza del Tribunal Octavo Unipersonal de Sentencia Penal, Oly González, finalmente autorizó su traslado a una institución médica.
Aliss Morán y Paola Escobar: persecución a exauxiliares fiscales de la FECI
Aliss Morán y Paola Escobar, exauxiliares fiscales de la FECI, también son víctimas de esta injusta inversión de la justicia. Se encuentran detenidas en la cárcel de Santa Teresa, en la zona 18, por investigar irregularidades en la elección de Cortes. Ambas investigaron el caso Comisiones Paralelas 2020, que involucraba a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abogados y jueces en posibles acciones anómalas para influir en la elección de las altas Cortes en 2019.
Stuardo Campo: El exfiscal anticorrupción en prisión preventiva
La justicia guatemalteca no ha sido amable con Stuardo Campo, exfiscal anticorrupción que permanece en prisión preventiva desde mayo de 2023 por un cuestionado caso gestionado en la Fiscalía de Asuntos Internos.
Campo lideró investigaciones cruciales, incluyendo el caso del Libramiento de Chimaltenango y otros casos de corrupción en diversas instituciones.
José Rubén Zamora: periodista condenado en un caso armado por la FECI
El periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, enfrenta una pena de seis años de prisión inconmutables y una multa de Q300 mil por lavado de dinero en un caso armado por la FECI en tan solo 72 horas. Desde su detención, ha pasado más de un año en prisión preventiva.
Exiliados debido a la persecución del Ministerio Público
Además de aquellos que están tras las rejas, varios operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos se han visto obligados a exiliarse debido a la persecución llevada a cabo por el Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras. De haber permanecido en Guatemala, muchos de ellos podrían haber sido objeto de prisión preventiva.
Beneficiados: Corruptos en libertad
En contraste, la justicia guatemalteca ha beneficiado a actores corruptos con resoluciones y arrestos domiciliarios. Gustavo Alejos, condenado por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo en el caso IGSS-Negociantes de la Salud, disfruta de libertad condicional a pesar de su condena.
El expresidente Otto Pérez Molina, quien está en prisión desde 2015 debido a varios casos de corrupción, ha visto la posibilidad de recuperar su libertad si cumple con el pago de una fianza.
El 22 de agosto de 2023, la jueza Eva Recinos presidió una audiencia relacionada con el caso Cooptación del Estado, en la que el expresidente fue beneficiado con arresto domiciliario y una caución económica de Q300 mil que le permitirían salir de prisión. Sin embargo, esta liberación está condicionada al pago de una fianza de Q10 millones impuesta en el caso de la Línea.
La misma jueza decidió otorgar medidas sustitutivas a Jonathan Chévez, quien enfrenta acusaciones en al menos tres casos de corrupción. Las medidas concedidas al presunto lavador de dinero del extinto Partido Patriota incluyen el pago de una fianza de Q1millón.
Mismo juez, mismos beneficios
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, obtendrá su libertad en relación al único proceso que lo mantenía en prisión preventiva: el caso Transurbano. Tras pagar una fianza de Q800 mil, podrá dejar su detención en la cárcel ubicada en el Cuartel Militar Mariscal Zavala. Resulta notable que la FECI de Rafael Curruchiche, señalado como un operador corrupto por Estados Unidos, no se opuso al arresto domiciliario del exfuncionario.
Sinibaldi también está involucrado en otros casos, como Odebrecht, Construcción y La Coperacha, pero ha sido beneficiado por la justicia guatemalteca en varios de ellos.
El exministro de Comunicaciones José Luis Benito también fue beneficiado con arresto domiciliario en el caso Libramiento de Chimaltenango. Esta medida sustitutiva entraría en vigencia después de que depositara una caución económica de Q1 millón, según resolución del juez Juan José Jiménez Texaj.
Benito enfrenta otro proceso relacionado con el caso de los Q122 millones, que es el único por el cual permanece en prisión preventiva. Sin embargo, cuenta con una audiencia programada para solicitar el arresto domiciliario en este segundo proceso, y las probabilidades de obtenerlo son altas, ya que será evaluado por el mismo juez Jiménez Texaj, que cerró la investigación contra Sinibaldi en el caso Odebrecht.
Diferentes casos, pero con el mismo beneficio
En esta justicia invertida, el excandidato presidencial Manuel Baldizón fue beneficiado con arresto domiciliario por el caso Transurbano, según una resolución de la jueza Virginia de León, a cargo del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Incluso, hasta intentó conseguir una curul para el próximo periodo Legislativo. Sin embargo, su inscripción como candidato a diputado fue negada.
El 18 de agosto de 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) falló a favor de Toribio Acevedo, permitiendo su arresto domiciliario a pesar de los graves cargos en su contra, que incluyen asesinato y desaparición forzada. Está vinculado al caso Diario Militar, lo que ha generado preocupación en la opinión pública.
En eses sentido, el 10 de febrero de 2023, el militar Erick Melgar Padilla fue beneficiado por el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Silvia de León. La juzgadora resolvió cerrar provisionalmente el proceso penal en su contra debido a la falta de suficientes indicios presentados por el Ministerio Público.
Estos casos revelan una preocupante disparidad en el sistema de justicia guatemalteco, donde funcionarios acusados de corrupción parecen encontrar un camino hacia la libertad mientras exfiscales anticorrupción y periodistas enfrentan largos periodos en prisión. Esta inversión de la justicia plantea interrogantes serios sobre la equidad y la imparcialidad del sistema legal de Guatemala, desafiando los esfuerzos continuos por erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho en el país.