El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) tomó medidas enérgicas contra la corrupción en Guatemala, al vetar el acceso a visas de entrada al país a dos exministros y un viceministro del presidente Alejandro Giammattei. Estas acciones son resultado de acusaciones de «corrupción significativa» que habrían involucrado a estos funcionarios durante sus mandatos, según lo anunciaron autoridades estadounidenses.
Los exfuncionarios sancionados con esta medida son Gendri Rocael Reyes Mazariegos, exministro de Gobernación; Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía y Minas; y Oscar Rafael Pérez Ramírez, viceministro de Desarrollo Sostenible.
La administración estadounidense sostiene que estos exfuncionarios estuvieron implicados en actos de corrupción y habrían aceptado sobornos a cambio de favores durante sus funciones en el gobierno. Estas acciones corruptas socavaron el estado de derecho y la transparencia gubernamental en Guatemala, según el Departamento de Estado.
Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el gobierno de Giammattei rechaza cualquier medida sin fundamento, ya que no existe ninguna denuncia en contra de estas personas.
Empleados del MP sancionados
Además, se reveló que 14 personas, incluidos empleados del Ministerio Público (MP) bajo el mando de Consuelo Porras, empresarios y particulares, también fueron sancionadas por intentar socavar el proceso electoral en Guatemala, además de las tres personas antes mencionadas. .
Estados Unidos dejó claro que utilizará «todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de aquellos que socavan la democracia en Guatemala, incluyendo a quienes intentan perturbar el proceso electoral». Esta última referencia es al proceso electoral en el que el Bernardo Arévalo resultó ganador el 20 de agosto pasado.
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Las sanciones no solo afectan a los exfuncionarios, sino que también restringen la posibilidad de obtener visas de entrada a Estados Unidos para algunos de sus familiares, incluyendo hijos y esposas.
Se oponen a combatir la corrupción
El clima político en Guatemala se ha vuelto cada vez más tenso, con protestas que han surgido tras allanamientos al tribunal electoral y acciones judiciales para suspender al partido de Arévalo, Semilla. El presidente electo ha denunciado que las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana forman parte de un «golpe de Estado en curso» impulsado por las élites que temen su promesa de combatir la corrupción.
Estados Unidos ha estado denunciando desde hace meses el clima político enrarecido en Guatemala y ha pedido una transición política pacífica entre Giammattei y Arévalo. A medida que se acerca la fecha de la investidura de Arévalo, prevista para el 14 de enero, las críticas parecen intensificarse.
Hace un mes, Estados Unidos sancionó a empleados del sector público y a congresistas, y hace pocos días amplió la lista restringiendo visas a una docena de funcionarios y particulares «por socavar la democracia y el estado de derecho». Sin embargo, no se proporcionaron nombres en el comunicado oficial.
EE. UU. endurece medidas
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó: «Como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo guatemalteco».
Estas sanciones se producen después de la visita del jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, a Guatemala. Estados Unidos ha dejado claro su compromiso con la rendición de cuentas y la promoción de la democracia en Guatemala, y estas medidas representan un esfuerzo continuo por abordar la corrupción en el país centroamericano.