Roberto Molina Barreto, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), se encuentra en el ojo de la tormenta debido a una trayectoria que plantea serias dudas sobre su ética y la transparencia en la justicia guatemalteca.
Nombrado magistrado en 2006, Molina Barreto ha enfrentado persistentes acusaciones de nepotismo y corrupción judicial. Además, de estar señalado en el caso Comisiones Paralelas 2014. A lo largo de su estancia en la CC, varios miembros de su familia se han beneficiado de contratos gubernamentales, suscitando inquietudes sobre posibles prácticas poco éticas.
La inclusión de su yerno, quien ocupó el cargo de Jefe de Servicios Generales del Ministerio Público y fue destituido y procesado penalmente en 2012 por intento de cobro de sobornos a proveedores, arroja más sombras sobre la integridad del magistrado y su entorno más cercano. Estos elementos, combinados, forman una narrativa que cuestiona la idoneidad de Molina Barreto para ocupar una posición de tanta importancia en el sistema judicial guatemalteco.
Roberto Molina Barreto y su conexión con los Ríos Mont
La conexión del magistrado con la política ha intensificado las críticas en su contra. Su estrecha relación con la familia Ríos Montt, acusada de genocidio, no ha pasado desapercibida, especialmente cuando se postuló como candidato vicepresidencial del partido Valor en 2019, junto a Zury Ríos. Aunque impedimentos constitucionales no le permitieron competir, este intento dejó un rastro de dudas sobre sus conexiones políticas.
En su rol como magistrado, Molina Barreto ha tomado decisiones controversiales, incluyendo votar a favor de anular la sentencia contra Efraín Ríos Montt en 2011 y en contra de retirar la inmunidad al expresidente Otto Pérez Molina en 2015. Estas acciones, junto con su presunta influencia en resoluciones desfavorables al partido Semilla, plantean serias interrogantes sobre su imparcialidad.
Molina Barreto y su vinculación en el caso Fénix
En el marco de la investigación del caso Fénix, también figura el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Revelaciones indican que Molina Barreto habría sido notario en empresas vinculadas a Gustavo Herrera, un prófugo de la justicia en este caso y asilado en Nicaragua. Las entidades en cuestión, Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A., se encuentran bajo escrutinio por presunto lavado de Q350 millones, según detalla la investigación y documentación que estaba en posesión de la FECI cuando era liderada por Juan Francisco Sandoval.
La trama, centrada en el lavado de dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003, señala a Herrera como el cerebro de la estructura criminal. El dinero supuestamente blanqueado se habría sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, inicialmente concebido como un proyecto de vivienda popular para jubilados del IGSS.
Ataca a los medios y defiende a Consuelo Porras
Más allá de sus funciones judiciales, Molina Barreto ha sido acusado de respaldar a la clase política golpista y favorecer prácticas clientelistas en el Organismo Legislativo. Sus ataques a los medios de comunicación y su defensa de la fiscal general Consuelo Porras, incluida en la lista Engel por corrupción, aumentan las preocupaciones sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En una entrevista reciente, Molina Barreto culpó a los medios de comunicación por la crisis política, argumentando que fomentan la discordia en lugar de apaciguarla. Esta actitud, junto con su historial cuestionable, plantea la pregunta crucial sobre si la justicia guatemalteca puede mantener su integridad bajo la sombra de figuras como Molina Barreto.