En una trama que ha sacudido los cimientos políticos de Guatemala, se revela una conspiración entre altos exfuncionarios del Gobierno y el Ministerio Público (MP) para perseguir a guatemaltecos exiliados en el extranjero. La denuncia, presentada por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, arroja luz sobre una red de corrupción y abuso de poder que ha indignado a la sociedad guatemalteca.
Según Guerrero, la persecución política de exiliados fue planificada y ejecutada por Ángel Pineda, secretario general del MP, en complicidad con la fiscal general Consuelo Porras. Ambos funcionarios han sido objeto de sanciones internacionales por su participación en actos antidemocráticos y obstrucción de la justicia.
La denuncia detalla cómo se utilizaron fondos públicos para financiar un bufete de abogados extranjero con el propósito de presentar acusaciones infundadas contra ciudadanos guatemaltecos exiliados. Estas acusaciones se basaron únicamente en publicaciones en redes sociales, sin evidencia sólida que respaldara las imputaciones.
Giammattei autorizó fondos para persecución política contra exiliados
El proceso de asignación de fondos, que ascendió a Q461 mil 600 mensuales, fue gestionado desde la Procuraduría General de la Nación (PGN) y aprobado por el Ministerio de Finanzas, siguiendo instrucciones directas de Ángel Pineda. Este uso indebido de recursos públicos para fines políticos constituye un grave abuso de poder y una afrenta a los principios democráticos.
La denuncia de Guerrero también pone de relieve el papel del expresidente Alejandro Giammattei en esta trama, quien recibió un oficio de Pineda solicitando el pago al bufete extranjero. A pesar de la falta de evidencia sólida, el exgobernate, también sancionado por la comunidad internacional, autorizó el uso de fondos públicos para emprender una persecución política contra los exiliados, en lo que ahora se revela como un acto flagrante de corrupción y abuso de poder.
Persecución contra guatemaltecos en el exilio
La denuncia de Guerrero también destaca que figuras prominentes como la exfiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se han convertido en víctimas de una persecución política orquestada por Porras y sus aliados. Aldana y Sandoval han sido sometidos a procesos judiciales y campañas de difamación como represalia por su labor en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
Asimismo, las exmandatarias de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, Flor de María Gálvez y Leyli Santizo, han sido blanco de acciones legales y hostigamiento por parte del MP, en un claro intento de desmantelar los avances logrados en la lucha contra la corrupción en el país.
Además, los exjueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano se han visto obligados a exiliarse debido a las constantes amenazas y persecuciones en su contra por parte de las autoridades judiciales y el MP. Estos actos de represión evidencian una grave crisis en el sistema judicial guatemalteco y plantean serias interrogantes sobre el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos en el país.
Mientras tanto, la sociedad guatemalteca sigue exigiendo un cambio radical en el sistema político y judicial del país, con el fin de poner fin a la impunidad y restaurar el Estado de Derecho.
