En junio de 2021, Guatemala presenció el nombramiento de Ángel Arnoldo Pineda Ávila como el nuevo Secretario General del Ministerio Público (MP), un cargo de gran relevancia y cercanía con la fiscal general, Consuelo Porras. Desde entonces, la “mano derecha” ha estado en el centro de la controversia debido a sus acciones, que muchos consideran cuestionables.
Su trayectoria previa en el ámbito público incluye roles importantes, como Secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP, candidato a magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y viceministro de Trabajo. Sin embargo, su asociación con Porras y su participación en decisiones que han afectado a exfiscales anticorrupción, operadores de justicia y periodistas han generado críticas y escrutinio.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con Canadá y países de la Unión Europea, han tachado a ambos de «actores corruptos y no democráticos«. Esta sanción refleja las preocupaciones internacionales sobre la integridad del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Ángel Pineda y su muestra de apoyo a FCT
Un incidente particularmente destacado fue cuando Pineda mostró su apoyo en redes sociales a un tuit del presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien ha sido acusado de promover persecuciones contra operadores anticorrupción.
Además, existen señalamientos sobre su posible vínculo con la cuenta de Netcenter identificada como «Yes Master», la cual ha sido calificada por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) como una fuente de desinformación durante procesos electorales.
Incluso, el magistrado suplente de la CC, Rony Eulalio López, reveló que recibió amenazas por parte del secretario general del MP y lo vinculó con la cuenta «Yes Master». Asimismo, la ciudadanía y la información que maneja la cuenta de netcenter sugieren que provienen de Pineda.
Mal uso de fondos públicos
Recientemente, el Gobierno de Guatemala solicitó una investigación por posible mal uso de fondos públicos por parte de Pineda. La denuncia fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas por el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero. Según la denuncia, Pineda solicitó fondos al presidente Alejandro Giammattei para pagar un bufete de abogados en Estados Unidos, supuestamente para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero.
Aunque se justificó como una defensa de los intereses del Estado, la estrategia propuesta fue aprobada por la fiscal general Consuelo Porras y los fondos fueron asignados de manera urgente por el Ministerio de Finanzas.
Estas revelaciones han puesto a Pineda bajo un intenso escrutinio público y han provocado un debate sobre la integridad y transparencia en el Ministerio Público.
Con la salida de alrededor de 30 periodistas, jueces y fiscales anticorrupción del país debido a la persecución, las acusaciones contra Pineda y Porras plantean serias preguntas sobre el futuro de la justicia y la lucha contra la corrupción en Guatemala y el estado de la justicia.