En un informe recién publicado por Amnistía Internacional, titulado «Todo el sistema en contra», se expone el sesgo de género en la criminalización sistemática de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala. El reporte revela un patrón alarmante de hostigamiento por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ), dirigido a reprimir y desmantelar la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó su preocupación por cómo estas autoridades han implementado estrategias de persecución penal infundada e intimidación, permitiendo la discriminación y la violencia de género contra las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos. Este doble castigo se suma a las dificultades que enfrentan estas mujeres por desafiar la impunidad y los roles de género establecidos.
El informe, basado en entrevistas y el análisis de casos como el de la exjueza Erika Aifán y la exfiscal Virginia Laparra, revela cómo las personas que han luchado contra la corrupción enfrentan acciones coordinadas para perseguirlas judicialmente y encarcelarlas arbitrariamente. Estas acciones, que constituyen violaciones de derechos humanos, son atribuibles al MP y al OJ.
Se evidencia que las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos enfrentan numerosas demandas penales carentes de base fáctica o legal, promovidas estratégicamente por las autoridades para castigar y silenciar su participación pública. Estas prácticas, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), violan el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
Amnistía Internacional señala violaciones a derechos humanos
Durante el proceso penal, las personas criminalizadas enfrentan violaciones a sus derechos, como detenciones preventivas abusivas y prolongadas, restricciones injustificadas en la publicidad de las audiencias y retrasos injustificados en los procesos. Además, son objeto de acoso en espacios públicos y en línea, con ataques coordinados destinados a intimidarlas y hostigarlas.
Amnistía Internacional destaca la falta de protección por parte de las autoridades contra la discriminación y la violencia de género, evidenciada por gestos misóginos, discursos denigrantes y ataques en redes sociales dirigidos a mujeres criminalizadas. Estas prácticas tienen un impacto inhibidor en los profesionales del sector justicia en Guatemala y ponen en entredicho el correcto funcionamiento de la justicia en el país.
El informe concluye con recomendaciones a las autoridades guatemaltecas, instándolas a desestimar denuncias penales infundadas, investigar el hostigamiento judicial y adoptar medidas para prevenir y sancionar la discriminación y la violencia de género. Amnistía Internacional llama a un cambio urgente para proteger los derechos de todas las personas en Guatemala y poner fin a la persecución penal por motivos políticos, fortaleciendo así el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos en el país.