La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de abstenerse de responder a la consulta del presidente Bernardo Arévalo sobre la honorabilidad de la fiscal general Consuelo Porras representa un notable fracaso institucional en un momento crítico para la democracia guatemalteca.
La pregunta, presentada por Arévalo el 8 de abril de 2024, buscaba esclarecer si Porras cumplía con el requisito de «honorabilidad» para continuar en su cargo, tras ser sancionada por Estados Unidos y otras 42 naciones por presuntamente «socavar» la democracia y no estar «comprometida en la lucha contra la corrupción».
La respuesta de la CC, divulgada el lunes, 27 de mayo de 2024, fue contundente en su evasión: «se abstiene de emitir la opinión que solicitó el presidente». La Corte argumentó que las interrogantes planteadas por Arévalo presentaban «falencias» y declaró que «no es viable conocer el planteamiento» del mandatario. Esta resolución no solo esquiva un asunto de importancia nacional sino que socava la confianza pública en el sistema judicial.
La denuncia de Arévalo contra Consuelo Porras
En febrero de 2024, Arévalo denunció a Porras ante la Corte Suprema, buscando que se le retire la inmunidad por supuesto incumplimiento de deberes, pero hasta la fecha, el tribunal no ha emitido un pronunciamiento. A inicios de mayo, Arévalo incluso presentó personalmente un proyecto de ley para facilitar la destitución de la fiscal, pues actualmente solo puede hacerlo con causa justificada como una condena penal. Sin embargo, esta iniciativa se encuentra estancada en el Congreso de la República.
El presidente de la CC, Néster Vásquez, también sancionado por Estados Unidos y conocido por su cercanía con Porras, contribuye a la percepción de un sistema judicial blindado y parcializado. Este contexto pone en evidencia una preocupante falta de imparcialidad en la judicatura del país.
La gestión de Porras
Porras, quien ha sido fiscal general desde 2018 y comenzó su segundo periodo en 2022, que culminará en 2026, ha resistido múltiples llamados a renunciar, incluso frente a denuncias públicas y acciones legales. El pasado 7 de mayo, la CC amparó provisionalmente a Porras para evitar su destitución, decisión que fue tomada por mayoría. Dos días antes, el Ministerio Público (MP) había presentado una acción constitucional de amparo ante la CC, calificando las acciones de Arévalo como «una amenaza real, cierta e inminente» contra la integridad física y la vida de Porras y otros funcionarios del Ministerio Público.
En una cadena nacional, Arévalo anunció su intención de reformar la ley orgánica del MP para poder destituir a Porras, pero esta acción no encontró respaldo en el Legislativo, dejando al presidente en una posición de vulnerabilidad política y limitando sus capacidades para efectuar cambios en la fiscalía.
La CC, al negarse a responder a la consulta de Arévalo, no solo elude su responsabilidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también perpetúa una estructura de poder que protege a funcionarios cuestionados. Este silencio institucional es una mancha más en la credibilidad de un sistema judicial que debería ser pilar de la democracia y la justicia en Guatemala.