El juez séptimo penal, Fredy Orellana, señalado por corrupción judicial y acciones antidemocráticas, aceptó una solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), para realizar nuevas diligencias de investigación en el proceso penal contra el partido Semilla. Esta decisión ha generado críticas y sospechas sobre la verdadera intención detrás de estas acciones.
La agente fiscal Leonor Morales, quien también enfrenta sanciones internacionales por corrupción, presentó la solicitud de nuevas diligencias. Según Morales, se identificaron nuevos hallazgos en la investigación de supuestas firmas falsificadas de afiliados y alteraciones de actas electorales.
Sin embargo, muchos observadores consideran que estas acusaciones carecen de fundamento sólido y parecen ser una estrategia para prolongar la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla.
Datos solicitados y nuevas diligencias en el caso Semilla
La solicitud incluye información bancaria de extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes, según el MP, podrían haber participado en irregularidades con el sistema informático. Los investigados son:
- Alejandra Chiroy: exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
- José Emilio Liquez Arévalo: exauditor del TSE.
- Jorge Salvador Santos Neil: exdirector de Informática del TSE.
Críticos del proceso sugieren que estas nuevas diligencias son parte de una estrategia para justificar la suspensión prolongada del partido Semilla, debilitando así a una fuerza política que representa un cambio significativo en el panorama guatemalteco.
Reacción del presidente Arévalo
El presidente Bernardo Arévalo ha sido contundente en su respuesta, calificando de «inútil» seguir hablando del tema. «Es inútil, parece una agresión contra las instituciones y contra el país», manifestó el mandatario, subrayando la percepción de que estas acciones son un ataque contra la democracia y las instituciones del país.
Presentación de nuevas «pruebas»
El MP presentó supuestas pruebas de «irregularidades e ilegalidades» cometidas por el personal del TSE durante el uso del Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares en la segunda vuelta electoral del 2023. La fiscalía afirma que el Departamento de Informática del TSE permitió el acceso de personas ajenas al sistema TREP y detectó actas ingresadas antes del cierre de las mesas receptoras de votos, así como actas que no se localizaron en tiempo y lugar. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por su falta de evidencia concreta y por parecer una maniobra para desestabilizar al partido Semilla.
Las acciones de la FECI, el MP y el juez Orellana han sido vistas por muchos como parte de un patrón más amplio de persecución política y judicial. La comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad guatemalteca han expresado su preocupación por el uso del sistema de justicia como herramienta de represión política.
El presidente Arévalo presentó una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del MP, lo que permitiría destituir a la fiscal general Consuelo Porras. «Ojalá que el Congreso considere que tiene en sus manos la acción que nosotros enviamos para empezar a darle solución a ese problema», expresó, resaltando la necesidad de reformas para garantizar la independencia judicial y la justicia en el país.