En un giro alarmante de los eventos que comprometen la integridad democrática de Guatemala, el Ministerio Público (MP), bajo el mando de Consuelo Porras, protagoniza un nuevo episodio de controversia.
Durante una visita crucial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el MP ha estado involucrado en acciones que parecen desafiar los principios democráticos fundamentales del país.
El 24 de julio, Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reveló un hecho preocupante: personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se llevó el padrón electoral en el marco de un allanamiento. Este hecho, que se llevó a cabo bajo una orden del juez séptimo, Fredy Orellana, ha encendido las alarmas sobre la posible violación de la privacidad y la integridad del proceso electoral.
MP de Consuelo Porras secuestra datos sensibles
Alfaro explicó que el allanamiento no solo incluyó la confiscación de documentos y el vaciado de computadoras, sino que también se llevó el padrón electoral, una información crítica que incluye direcciones, números de teléfono y estados civiles de todos los guatemaltecos desde su primera inscripción. Este movimiento ha generado una gran preocupación, dado que la autorización del juez no incluía la incautación del padrón electoral y los algoritmos asociados.
El MP ha solicitado además información a los miembros de las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central, aunque no está claro si estas acciones están relacionadas con la investigación contra el Movimiento Semilla o si corresponden a un caso distinto. La presidenta del TSE expresó su solidaridad con los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y resaltó la importancia del trabajo realizado por estas entidades.
Extraoficialmente, se ha sabido que la Dirección General de Informática del TSE entregó los datos solicitados por el MP a instancia de la presidenta del TSE.. Sin embargo, la forma en que el MP ha manejado esta información ha suscitado inquietud entre los ciudadanos y defensores de derechos, quienes temen que el acceso a datos tan sensibles pueda ser utilizado de manera inapropiada o incluso para fines políticos.
En riesgo confidencialidad de la información electoral
La actitud del Ministerio Público en este contexto no solo pone en riesgo la confidencialidad de la información electoral, sino que también plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos democráticos en Guatemala.
La actuación de la FECI bajo la dirección de Rafael Curruchiche, en un momento en que se espera una supervisión internacional, parece ser un desafío directo a la transparencia y justicia que la comunidad internacional y los ciudadanos guatemaltecos esperan.
Este incidente subraya la necesidad urgente de revisar y reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas en el MP, así como garantizar que las investigaciones se lleven a cabo con la debida legalidad y respeto por los derechos fundamentales. La vigilancia internacional y la presión pública podrían ser claves para asegurar que Porras y su círculo actúen dentro del marco de la ley y respeten los principios democráticos de Guatemala.