La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de otorgar un esquema de protección a los magistrados salientes ha desatado un torrente de críticas y cuestionamientos sobre la equidad y la justicia en el uso de recursos públicos.
El acuerdo 63-2024, publicado el 15 de octubre de 2024, establece que los exmagistrados recibirán tres agentes de seguridad, dos guardias personales, un piloto y un vehículo, con mantenimiento cubierto durante los próximos cinco años. Este privilegio ha generado controversia, especialmente en un país donde la violencia y la inseguridad afectan a la población en general.
Según el argumento de la CSJ, esta medida es necesaria debido a los “serios riesgos a la vida e integridad personal” que enfrentan los funcionarios judiciales. Sin embargo, es fundamental preguntarse: ¿realmente se justifica el despliegue de recursos públicos para proteger a un grupo selecto de exmagistrados mientras millones de ciudadanos viven en un estado de vulnerabilidad constante?
En un país donde la mayoría de la población carece de protección adecuada y enfrenta la amenaza del crimen organizado, la percepción de que la justicia beneficia solo a unos pocos es profundamente inquietante.
¿En qué se basa este beneficio para los exmagistrados?
La lógica detrás de este acuerdo se basa en la premisa de que los riesgos persisten incluso después de que los magistrados dejan sus cargos. Sin embargo, el documento no presenta evidencia concreta de estas amenazas ni explica por qué los exmagistrados están más expuestos que otros ciudadanos que también pueden haber enfrentado situaciones de riesgo al denunciar o luchar contra la corrupción y la impunidad.
Esta falta de transparencia genera desconfianza y alimenta la creencia de que el sistema judicial está más preocupado por proteger a sus propios miembros que por salvaguardar la seguridad de la ciudadanía en general.
Es notable que el expresidente de la CSJ, Óscar Cruz, haya votado en contra de esta medida, lo que sugiere que no todos los miembros de la corte están de acuerdo con el uso de recursos públicos para proporcionar seguridad personal a quienes ocupaban altos cargos. Este desacuerdo resalta la necesidad de un debate más amplio sobre cómo se distribuyen los recursos en el ámbito judicial y quiénes realmente merecen protección.
Además, la justificación presentada en el acuerdo, que menciona el riesgo inherente a la judicatura, no debería ser un argumento para crear un sistema de privilegios que claramente separa a los exmagistrados del resto de la población. La realidad es que muchos ciudadanos enfrentan peligros similares, si no mayores, y no reciben ningún tipo de apoyo por parte del Estado.
Sistema judicial en Guatemala se ha desvirtuado
La implementación de este acuerdo no solo plantea preguntas sobre la ética en la asignación de recursos, sino que también refleja una preocupación más profunda sobre la forma en que el sistema judicial en Guatemala se ha desvirtuado. En lugar de ser un pilar de protección para todos, el sistema parece haber priorizado el bienestar de aquellos en el poder, perpetuando así un ciclo de desigualdad y desconfianza.
La medida que entró en vigor inmediatamente después de que los magistrados dejaran su cargo es, en última instancia, un recordatorio de que, en Guatemala, la justicia a menudo se percibe como un privilegio reservado para unos pocos, en lugar de un derecho accesible a todos.
La sociedad guatemalteca merece un sistema judicial que no solo proteja a sus magistrados, sino que también aborde de manera efectiva las necesidades de seguridad de toda la población. La pregunta que queda es: ¿cuándo se hará justicia para aquellos que realmente la necesitan?