Las autoridades del gobierno de Bernardo Arévalo sacaron a la luz un caso que deja en evidencia el uso de plazas fantasma durante la administración de Alejandro Giammattei. La investigación, resultado de una auditoría interna en la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), reveló que el expresidente autorizó la creación de una plaza 022 específica para Melvin Quijivix, extitular del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), permitiéndole ocupar una posición sin cumplir funciones reales y cobrando un salario de más de Q20 mil mensuales.
Durante una conferencia de prensa este 4 de noviembre de 2024, el actual secretario de Segeplan, Carlos Mendoza, y el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores, denunciaron el caso “Red Q” y detallaron cómo Giammattei aprobó una plaza diseñada para insertar a Quijivix en Segeplan, desde donde posteriormente accedió al Consejo Directivo del INDE, posición que terminó con su elección como presidente del consejo en 2022.
Este puesto, tradicionalmente presidido por el ministro de Energía y Minas, se otorgó en un claro acto de favoritismo y abuso de poder, avalado desde la más alta autoridad del Ejecutivo en el gobierno anterior.
Las pruebas de la complicidad en alto nivel
Una carta dirigida a Giammattei por Keila Gramajo, entonces titular de Segeplan, detalla cómo la administración pasada justificó esta plaza fantasma con el pretexto de «apoyo adicional» debido a la pandemia de Covid-19.
En la misiva, con fecha de 18 de enero de 2021 y bajo el número de oficio D.S.009-2021, se solicitó la autorización de Giammattei para incorporar a Quijivix en el renglón 022. A pesar de una resolución de la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec) que declaró la creación de la plaza como improcedente, Gramajo y Giammattei siguieron adelante, dejando una clara huella de la corrupción institucionalizada.
Este escándalo evidencia un esquema planificado desde las altas esferas, donde se usaron recursos públicos para favorecer a personas cercanas al expresidente. La creación de esta plaza fantasma le permitió a Quijivix cobrar más de Q824,000 en salarios y prestaciones sin realizar trabajo alguno en Segeplan, además de manejar gastos de representación que superan los 1.7 millones de quetzales, un abuso de fondos públicos que agrava la mancha de corrupción en la administración Giammattei.
Las denuncias contra Giammattei y otros involucrados
Mendoza y Flores informaron que presentarán denuncias formales en contra de Alejandro Giammattei, Luz Keila Gramajo, y Melvin Quijivix por su implicación en este esquema. Entre los cargos propuestos contra Giammattei están abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Gramajo enfrenta cargos adicionales por peculado por sustracción y nombramientos ilegales, mientras que Quijivix será acusado de abuso de autoridad y peculado por sustracción, habiendo recibido pagos sin trabajar.
Un sistema cooptado y la impunidad garantizada
Cabe destacar que esta denuncia proviene del gobierno de Arévalo y no de la Fiscalía General del Ministerio Público, liderada por Consuelo Porras, conocida aliada de Giammattei y quien, hasta la fecha, se ha mostrado omisa en investigar los casos de corrupción que involucran a su círculo.
Esta postura de indiferencia por parte del MP hacia las evidentes irregularidades refleja la cooptación del sistema judicial, donde aliados del exmandatario continúan asegurando la impunidad de quienes abusaron del poder en el pasado.
Cabe destacar que, en julio de 2023, el gobierno de Estados Unidos envió un mensaje contundente a la administración de Alejandro Giammattei al incluir a Melvin Quijivix en la Lista Engel, que señala a personas involucradas en actos de corrupción y socavamiento de la democracia.
Quijivix, además de su cercanía con Miguel Martínez, íntimo colaborador de Giammattei, se vio afectado por las sanciones de esta lista, las cuales limitan transacciones comerciales y financieras, dificultando su acceso al sistema financiero estadounidense y enviando una fuerte señal contra la impunidad en Guatemala.