En un nuevo capítulo de lo que parece ser una guerra judicial que busca callar a las voces disidentes, la cuestionada jueza Abelina Cruz Toscano, a petición del Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras, autorizó órdenes de captura contra el periodista Juan Luis Font y la exjueza Erika Aifán. Lo que parecía un tema relacionado con investigaciones legales, pronto se transformó en una peligrosa cacería política impulsada por el poder judicial, donde la amistad entre ambos ha sido la excusa para desencadenar un proceso que refleja el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran quienes defienden la independencia judicial y la libertad de expresión en Guatemala.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo de Rafael Curruchiche, utilizó como fundamento para las órdenes de captura la supuesta relación de amistad entre Font y Aifán, una acusación que carece de fundamento concreto y que parece más un pretexto para una persecución política. En lugar de enfocarse en pruebas irrefutables de un delito, la FECI recurrió a una interpretación de la ley en la que las relaciones personales, incluso las más profesionales, se ven criminalizadas con el fin de intimidar a aquellos que ejercen su derecho a opinar y cuestionar las acciones del sistema judicial.
Persecusión contra Juan Luis Font
El periodista Juan Luis Font es señalado por supuestos delitos de colusión y cohecho activo, acusaciones que hasta el momento no han sido respaldadas por pruebas contundentes. De acuerdo con la FECI, el periodista habría intervenido en un caso judicial a favor de intereses propios, pero los argumentos presentados por el Ministerio Público parecen ser débiles y sin una conexión clara entre los hechos.
De igual forma, se ha puesto en duda la legalidad de las pruebas presentadas, que, en lugar de probar la culpabilidad del periodista, solo dejan entrever la intención de judicializar las relaciones personales y profesionales en un contexto de creciente hostilidad contra quienes se oponen al régimen.
Erika Aifán perseguida por el MP de Porras
Por su parte, Aifán ha sido igualmente perseguida, con el argumento de que su conexión con Font habría favorecido su toma de decisiones judiciales. La exjueza, quien dejó el cargo en 2022 tras enfrentar una serie de amenazas, presiones y ataques por parte de sectores cercanos al poder, respondió a las acusaciones con firmeza, asegurando que sus resoluciones siempre estuvieron apegadas a derecho. Sin embargo, la persecución ha llegado a tal punto que tanto Font como Aifán se encuentran ahora en el exilio, una situación que refleja el nivel de represión al que se enfrentan quienes, en su momento, desafiaron la corrupción y la impunidad en el sistema judicial.
Cruz, jueza que favorece a actores corruptos
Es relevante mencionar que la jueza Abelina Cruz, quien autorizó las órdenes de captura contra ambos, ha sido cuestionada en diversas ocasiones por su imparcialidad y sus vínculos con sectores vinculados a la corrupción. La decisión de la FECI y Cruz de procesar a Font y Aifán no hace sino aumentar las dudas sobre la independencia de los jueces y fiscales en Guatemala, especialmente en un contexto donde las instituciones parecen ser cada vez más utilizadas como herramientas de venganza política.
La situación actual de Font y Aifán no es aislada. Es una muestra del uso del poder judicial como un instrumento para callar a quienes se atreven a desafiar el status quo. La persecución a periodistas y exfuncionarios comprometidos con la justicia refleja un patrón de autoritarismo que ha ganado terreno en el país, donde la ley parece estar al servicio de aquellos que buscan mantener el control y la impunidad, en lugar de servir a la justicia y al bienestar de la población.