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Unión Europea renueva sanciones contra Porras y su círculo

diciembre 17, 2024
Unión Europea renueva sanciones contra Porras y su círculo

El 16 de diciembre de 2024, el Consejo de la Unión Europea renovó por un año, hasta el 13 de enero de 2026, las sanciones impuestas a los responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala. Entre los sancionados se encuentra la fiscal general, Consuelo Porras, junto con varios miembros clave de su círculo de colaboradores, como el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales Lazo; y el juez Fredy Orellana.

Estas medidas restrictivas incluyen la prohibición de entrada y tránsito en los estados miembros de la UE, la congelación de activos y la prohibición a ciudadanos y empresas de la UE de poner fondos a disposición de estos individuos. La UE ha expresado reiteradamente su preocupación por el mal uso e instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala, especialmente en el contexto de los intentos por anular los resultados de las elecciones de 2023, así como los ataques continuos al gobierno democráticamente elegido de Bernardo Arévalo.

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Unión Europea amplía sanción contra Porras y Arévalo se pronuncia

Luego de que la Unión Europea renovara las sanciones contra la fiscal general y su círculo cercano, además de contra el juez Fredy Orellana, el presidente Bernardo Arévalo, señaló que la comunidad internacional ha sido clara en su condena a la captura del Estado que está ocurriendo en Guatemala. Arévalo resaltó que la intervención internacional evidencia la seriedad de la situación y la necesidad de un cambio en el sistema de justicia del país, lo cual pone presión sobre los actores que continúan socavando la democracia guatemalteca.

El fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala parece una tarea cada vez más lejana bajo el liderazgo de figuras como Consuelo Porras, quien ha estado al frente de un aparato judicial que ha demostrado ser instrumentalizado para fines políticos, debilitando las bases democráticas del país. Bajo su mandato, el Ministerio Público se ha caracterizado por una creciente politización, donde las acusaciones de corrupción y abuso de poder se han multiplicado, sin que haya una respuesta satisfactoria a la exigencia de rendición de cuentas.

Porras, junto con sus aliados, ha demostrado una falta absoluta de compromiso con la justicia independiente, optando en cambio por usar el sistema judicial para perseguir a quienes se oponen a sus intereses políticos. En lugar de garantizar la justicia y proteger los derechos de los guatemaltecos, ha priorizado la defensa de intereses particulares, alejándose cada vez más de los principios de imparcialidad y equidad que deberían regir su cargo.

UE considera medidas adicionales y más severas

La renovación de las sanciones, que también son respaldadas por Estados Unidos y Canadá, subraya la profunda desconfianza de la comunidad internacional en estos actores clave dentro del sistema de justicia guatemalteco. La UE ha dejado claro que está dispuesta a considerar medidas adicionales más severas si la situación no mejora, lo que pone en evidencia el riesgo de que los responsables de socavar la democracia en Guatemala sigan operando impunemente, mientras el pueblo guatemalteco sigue sufriendo las consecuencias de un sistema judicial corrupto y manipulado.

La Unión Europea continúa comprometida con la defensa de los valores democráticos y el Estado de Derecho, y seguirá monitoreando de cerca la situación en Guatemala. Está dispuesta a colaborar con el gobierno de Bernardo Arévalo en la promoción de una gobernanza democrática y el fortalecimiento de la justicia social. Sin embargo, las acciones de figuras como Consuelo Porras siguen siendo una amenaza constante para el bienestar y la estabilidad del país, dejando claro que la lucha por la democracia en Guatemala está lejos de terminar.