La decisión de la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, de otorgar falta de mérito al expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, es una muestra más de cómo el sistema de justicia en Guatemala ha sido doblegado por intereses ajenos a la verdad, la rendición de cuentas y el combate real a la corrupción.
Rodríguez, cercano colaborador del expresidente Otto Pérez Molina y figura clave en el esquema de corrupción que afectó la red de hospitales nacionales, fue señalado de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Las acusaciones no eran menores: según la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en 2019, Rodríguez habría influido directamente en el fallecido exministro Jorge Villavicencio para manipular contrataciones de servicios y favorecer a empresas vinculadas a su entorno. A cambio, según la pesquisa, se habría pactado el cobro de comisiones ilegales del 22% en cada obra adjudicada: 12% para la red vinculada a Rodríguez y 10% para funcionarios del Ministerio de Salud.
Abelina Cruz y otra polémica decisión
En cualquier otro contexto judicial, la abundancia de pruebas —que incluyen informes financieros, grabaciones, análisis criminales, 37 mil correos electrónicos, testimonios de exfuncionarios y al menos dos colaboradores eficaces— bastaría para dar curso al proceso penal. Pero en Guatemala, donde la cooptación institucional sigue viva, la jueza Abelina Cruz optó por desestimar los cargos en contra de una de las piezas más importantes del engranaje de corrupción. Su razonamiento: no existen suficientes indicios para ligarlo a proceso.
La resolución no solo beneficia a Rodríguez, sino que deja en evidencia dos crisis paralelas. Por un lado, la fragilidad del Ministerio Público bajo la dirección de Consuelo Porras y la FECI al mando de Rafael Curruchiche, cuyos planteamientos procesales carecieron de precisión o fuerza técnica. Y por el otro, el claro sesgo en la administración de justicia cuando se trata de personajes con poder o vínculos políticos.
Enviados a juicio
Mientras Rodríguez se libra de enfrentar un juicio, otros tres sindicados en el mismo caso —Juan Manuel Llamas, Luis Oscar Aguilar y Marco Vinicio Morales— sí fueron enviados a proceso. La selectividad en el criterio judicial resulta escandalosa y plantea preguntas legítimas sobre la motivación detrás de la resolución de la jueza.
Además, no es la primera vez que Abelina Cruz emite fallos polémicos. Su nombre ya es recurrente en resoluciones que benefician a personajes influyentes, alimentando la percepción de que su juzgado es uno de los espacios donde la justicia se acomoda a conveniencia del poder.
El daño es doble: se erosiona la confianza pública en la justicia y se fortalece la impunidad. Mientras tanto, los fiscales que originalmente conocieron el caso —muchos de ellos en el exilio por perseguir la corrupción— son reemplazados por operadores alineados a una fiscalía que ha abandonado su mandato de investigar con independencia. La resolución que exime a Juan de Dios Rodríguez no es un acto aislado: es un reflejo de un sistema que ha perdido el rumbo, que opera para proteger a los corruptos y castigar a quienes se atrevieron a desafiarlos. Una justicia así no es justicia. Es complicidad.