La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha tomado una nueva decisión que no deja lugar a dudas sobre su falta de imparcialidad y compromiso con la justicia: el rechazo, sin siquiera considerar, de la solicitud de antejuicio presentada por el presidente Bernardo Arévalo contra la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Este rechazo, que se suma a otras acciones de la CSJ, evidencia cómo el sistema judicial en Guatemala no solo permite, sino que activa mecanismos para proteger a figuras como Porras, cuyas actuaciones han sido señaladas tanto a nivel nacional como internacional por su vinculación con casos de corrupción.
El pleno de la CSJ, a pesar de las claras implicaciones legales y políticas de la solicitud de antejuicio de Arévalo, optó por cerrarle las puertas al proceso, bloqueando así cualquier avance en la investigación. El argumento de la Corte para este rechazo no está claro y la unidad de comunicación del Organismo Judicial aún no ha revelado cómo fue la votación, lo que alimenta las sospechas sobre la influencia de intereses políticos dentro del cuerpo judicial.
Porras parece estar blindada para la justicia guatemalteca
Este no es un caso aislado. Porras, que ha sido objeto de sanciones internacionales por corrupción, sigue sin ser investigada a pesar de las evidentes pruebas de su actuar fuera del marco de la ley. En un país donde la corrupción ha minado las instituciones del Estado, la CSJ no solo se limita a proteger a Porras, sino que, de manera activa, frena cualquier intento de justicia, fortaleciendo la impunidad de figuras clave en el sistema judicial.
La fiscal general, quien exigió la remoción de varios funcionarios del gobierno de Arévalo, incluido el secretario de Comunicación Social y el ministro de Finanzas, por haber hecho declaraciones en su contra, continúa protegida por una Corte que parece funcionar más como un refugio para quienes, como Porras, han demostrado actuar en contra de la voluntad popular y las garantías democráticas.
CSJ del lado de Porras y contra Arévalo
Por otro lado, mientras se cierra la puerta a la justicia en el caso de Porras, la CSJ ha decidido reactivar el antejuicio contra Arévalo. Este caso está relacionado con el «Caso Semilla», en el que se acusa al presidente y al diputado Samuel Pérez de haber incurrido en irregularidades en la formación de su partido. El expediente, que ya había sido detenido anteriormente, es nuevamente analizado, en una sesión en la que se revisaron las recusaciones planteadas contra magistrados titulares de la CSJ.
Es evidente que la reactivación del antejuicio contra Arévalo forma parte de una campaña sistemática para desestabilizar su gobierno y debilitar la administración que llegó al poder con el apoyo popular. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha sido la encargada de promover esta acusación, que hasta la fecha no ha sido respaldada por pruebas claras. Sin embargo, la Corte parece estar dispuesta a seguir adelante con este proceso, ignorando las demandas de justicia y transparencia.
Este doble tratamiento de casos, donde se protege a figuras como Porras y se persigue a Arévalo sin pruebas sólidas, pone en duda la imparcialidad de la CSJ. Mientras el presidente y su partido se enfrentan a un proceso judicial que muchos consideran politizado, los miembros de la Corte siguen mostrando una clara inclinación por respaldar a aquellos que defienden los intereses del establishment político, sin importar la gravedad de los delitos que puedan haber cometido.