El juez suplente del Juzgado Segundo Penal, Erick García, se suma a la creciente lista de operadores de justicia que han sido hostigados y amenazados por mantener su independencia en medio de un sistema judicial cada vez más cooptado por intereses políticos y corruptos.
En su denuncia pública, García relató cómo, durante su desempeño en casos de alta complejidad, él y su personal han sido objeto de intimidaciones por parte de personas desconocidas, en un contexto marcado por la reciente resolución sobre el caso del periodista José Rubén Zamora.
Otros jueces y fiscales han sido hostigados y amenazados desde que Consuelo Porras asumió la dirección del Ministerio Público (MP). Estos funcionarios, que han denunciado presiones provenientes de actores vinculados a la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y redes de corrupción, han enfrentado la falta de respaldo y protección por parte de la presidencia del Organismo Judicial (OJ). Como resultado, varios han renunciado a sus cargos o, en casos extremos, se han visto forzados a abandonar el país, debido a la ausencia de garantías para ejercer su labor.
Amenazas contra el juez Erick García
Lo ocurrido con García, quien en cumplimiento de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones Penal dejó sin efecto la decisión de otorgar la libertad condicional a Zamora, no es un incidente aislado. Es parte de una serie de actos en los que jueces se han visto obligados a resistir intentos de coacción por parte de grupos que buscan imponer su agenda mediante amenazas y manipulación. La independencia judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho, está siendo sistemáticamente atacada, no solo en casos de relevancia mediática, sino también en los tribunales de menor visibilidad.
El caso de García refleja una realidad sombría. Mientras el juez cumplía con su deber al rectificar la resolución sobre Zamora, lo hacía bajo la sombra de amenazas. Sin embargo, las intimidaciones no solo se dirigieron a él, sino también a los empleados judiciales que le acompañan en su trabajo diario. A pesar de esta presión, García se mantiene firme en su postura, aunque no ha detallado el tipo de amenazas recibidas, asegurando que tomará las medidas correspondientes para protegerse.
Fundación contra el Terrorismo amenaza latente
Es relevante señalar que, antes de la audiencia de marzo, miembros de la Fundación contra el Terrorismo ya habían hecho publicaciones dirigidas hacia el juez García, lo que deja entrever que las amenazas fueron premeditadas y vinculadas a su decisión en el caso de Zamora. A pesar de la gravedad de los hechos, no ha habido pronunciamientos oficiales por parte del gobierno de Guatemala, el Congreso ni del propio Organismo Judicial.
En cuanto al Ministerio Público, el secretario general, Ángel Pineda, ha desestimado la investigación de oficio, indicando que la denuncia debe proceder desde el juzgado y que una fiscalía será asignada para el caso.
Este silencio institucional ante los ataques a un juez refleja la debilidad de las estructuras del sistema judicial guatemalteco frente a los intereses que buscan desmantelar la independencia de los operadores de justicia. No es solo la integridad de García la que está en juego, sino la de todos los jueces, fiscales y periodistas que se enfrentan a amenazas por ejercer sus funciones con autonomía.
El caso de Erick García es un claro recordatorio de que la justicia en Guatemala sigue siendo una víctima más de la corrupción y de la falta de voluntad política para garantizar la seguridad de quienes aún se atreven a resistir el embate de poderes paralelos. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos más tendrán que sufrir hostigamientos y amenazas antes de que el sistema judicial recupere su autonomía y legitimidad?