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MP vuelve a la carga contra Astrid Lemus pese a rechazos judiciales

abril 20, 2026
MP vuelve a la carga contra Astrid Lemus pese a rechazos judiciales

La reciente solicitud del Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, para obtener información sobre la toma de posesión de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Astrid Lemus, vuelve a poner en entredicho la actuación de la institución, marcada por decisiones que carecen de claridad pública y generan cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, a cargo del cuestionado fiscal Saúl Sánchez, requirió formalmente a la presidenta de la CC, Annabella Morfín, copia del “acta, resolución, acuerdo o documento respectivo de toma de posesión” de Lemus. En el oficio, además, se establece como fecha límite el 20 de abril y se indica como destino la sede fiscal ubicada en Antigua Guatemala.

CONTENIDO DE ESTA NOTA:

MP buscó procesar a Astrid Lemus antes de tomar posesión

Aunque la solicitud podría interpretarse como un procedimiento administrativo, el contexto en el que se produce resulta clave. Días antes de que Lemus asumiera el cargo, el MP buscó sin éxito que distintos juzgados autorizaran una orden de captura en su contra. Ninguna judicatura avaló la petición, lo que evidencia la falta de sustento suficiente para una medida de tal magnitud.

Pese a estos rechazos, el expediente fue elevado a la Sala Tercera Penal, una instancia señalada en reiteradas ocasiones por su cercanía con actores cuestionados en el país. Aun así, Lemus logró tomar posesión el pasado 14 de abril, consolidando su llegada al máximo tribunal constitucional.

Percepción de persecución selectiva

Hasta ahora, el MP no ha explicado con precisión bajo qué hechos o investigaciones pretende actuar contra la magistrada. Tampoco ha aclarado si las diligencias están relacionadas con la toma del campus central de la Universidad de San Carlos en 2022 o con algún otro caso.

La insistencia del MP, sin una narrativa clara ni fundamentos expuestos públicamente, alimenta la percepción de una persecución selectiva en contra de una funcionaria recién investida, en un momento clave para la institucionalidad del país.