La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sigue atrapada en una crisis institucional provocada por la negativa de su rector de facto, Walter Mazariegos, y el Consejo Superior Universitario (CSU) a convocar elecciones. A pesar de las resoluciones judiciales que les ordenan hacerlo, las autoridades universitarias han optado por desobedecer sistemáticamente, alargando su permanencia ilegítima en el poder.
Todo apunta a una estrategia bien calculada: mantener el control hasta 2026, cuando deberán elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Fuentes indican que el CSU planea colocar a Consuelo Porras, la actual fiscal general sancionada internacionalmente, como magistrada en el próximo período de la CC, o a otra figura política afín a Mazariegos. Esta maniobra sería crucial para garantizar la impunidad de las redes político-criminales que operan desde hace años en las estructuras del Estado.
La elección amañada por Mazariegos
Este escenario no es nuevo. La elección amañada de Mazariegos en 2022, sin competencia legítima y sin convocatoria oficial, desató una ola de protestas estudiantiles que derivaron en la toma del campus central. La resistencia al fraude generó incluso procesos judiciales, entre ellos el conocido como Caso Toma USAC: Botín político, que intentó criminalizar a quienes se opusieron a la imposición. Este caso fue utilizado como excusa para atacar al ahora presidente Bernardo Arévalo y a funcionarios de su gobierno.
En lugar de corregir el rumbo, el CSU ha profundizado el problema. El pasado 28 de marzo, aprobaron reformas al Reglamento Electoral Universitario con el objetivo de endurecer su control sobre los comicios internos. Todo indica que buscan perpetuar a Mazariegos y garantizar que solo sus aliados tengan voz en las decisiones clave, especialmente las que definan el futuro de la Corte de Constitucionalidad.
Miembros de la CSU con períodos vencidos
Actualmente, 37 de los 41 miembros del CSU ya tienen sus períodos vencidos. Aunque se han aprobado algunas elecciones, los resultados han sido ignorados o retrasados para impedir que los nuevos representantes asuman funciones. Tampoco se ha convocado a la elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), una plaza crucial en la estructura universitaria.
El silencio y la inacción del CSU frente a sus obligaciones legales son más que negligencia. Son parte de una maniobra que pretende capturar uno de los últimos espacios de poder público para blindar a personajes como Consuelo Porras. La Universidad de San Carlos, otrora bastión democrático, está siendo instrumentalizada como ficha política de un proyecto de impunidad.