En lugar de una justicia imparcial, en Guatemala cada vez es más evidente una estructura judicial al servicio de la impunidad. La reciente decisión de magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones de girar órdenes de captura contra exfiscales y exfuncionarios internacionales que lucharon contra la corrupción, como Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, retrata un sistema que ha sido cooptado desde adentro. Lo más preocupante no es sólo la ilegalidad del procedimiento, sino quiénes están detrás de estas decisiones.
La ley establece con claridad que solo un juez de primera instancia puede emitir órdenes de captura. Sin embargo, en este caso fue una sala de apelaciones la que asumió un rol que no le corresponde. Se excusaron en la recusación del juzgado original, pero lo cierto es que actuaron de oficio, sin facultades legales para hacerlo. Este tipo de maniobras no solo violan el debido proceso, sino que abren la puerta a una justicia arbitraria.
¿Y quiénes integran esta Sala Tercera? Alejandro Prado Estrada, su presidente, no es un juez sin pasado. Representó legalmente a la hermana del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rosalía Curruchich, en un litigio en Petén. Además, fue defensor del expresidente Jimmy Morales y del diputado Felipe Alejos, señalado en el caso “Tráfico de Influencias”. Ambos fueron investigados por las mismas estructuras ahora perseguidas. ¿Casualidad? Difícil creerlo.
Otro con un historial cuestionado vinculado a magistrados
El vocal II, Mario Federico Hernández Romero, no participó en la firma de las órdenes de captura, pero su historial también es revelador: fue abogado defensor del expresidente Otto Pérez Molina y de Alejandra Carrillo, figuras claves de los regímenes señalados por corrupción. El suplente que sí participó, Otilio Benjamín López Maldonado, es hijo del diputado Carlos López, implicado en el caso “Plazas Fantasma” y excandidato del partido de Manuel Baldizón.
Esta red de conexiones políticas, familiares y profesionales muestra que quienes hoy ejercen funciones judiciales fueron antes abogados de los mismos personajes que enfrentaron la justicia gracias al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua FECI. La captura de estas instituciones no solo es formal, sino profundamente funcional. La ley se aplica para castigar a quienes incomodaron al poder y se ignora cuando se trata de proteger a los corruptos.
La justicia guatemalteca ha llegado a un punto crítico: magistrados con intereses cruzados actúan como verdugos de quienes un día lucharon por desmontar redes criminales. No es justicia, es venganza desde el poder.
📌 Basado en la investigación de Prensa Comunitaria (El nexo que une al presidente de la Sala Tercera con el fiscal Rafael Curruchiche)