Raúl Amílcar Falla Ovalle se ha convertido en una figura clave del aparato de persecución judicial en Guatemala. Aunque no ostenta un cargo público, su protagonismo en los tribunales y su cercanía con actores sancionados por la comunidad internacional lo colocan en el centro de la tormenta que sacude al sistema de justicia guatemalteco. Representante legal de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Falla Ovalle ha sido señalado tanto por Washington como por Bruselas por utilizar el sistema judicial para perseguir a fiscales, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos que combatieron la corrupción.
Falla Ovalle no actúa solo. Junto a Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, ha impulsado denuncias penales en contra de actores clave del sistema anticorrupción guatemalteco. Entre las víctimas de esta cruzada se encuentran la exfiscal Virginia Laparra, condenada y ahora en el exilio; la exagente fiscal Samari Gómez; las exfiscales Leily Santizo y Siomara Sosa; el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; y el periodista José Rubén Zamora, detenido en condiciones ampliamente criticadas por organismos internacionales.
Representante legal de “Fundaterror”
La Fundación que representa ha sido descrita por el Consejo de la Unión Europea como una organización que actúa como brazo judicial para impulsar “una campaña de enjuiciamientos por motivos políticos”, liderada por Méndez Ruiz, Ambos, aliados de la fiscal general Consuelo Porras, quien también ha sido sancionada.
La inclusión de Falla Ovalle, Méndez Ruiz, la FCT y el juez Jimi Bremer en la lista de sanciones del bloque europeo el 12 de junio de 2025 no es casualidad: se les acusa de socavar el Estado de derecho y de atentar contra el gobierno democrático encabezado por el presidente Bernardo Arévalo.
Raúl Falla en la lista Engel
En el caso de Estados Unidos, Raúl Falla fue incluido en 2021 en la Lista Engel, que identifica a actores corruptos o antidemocráticos del Triángulo Norte. Fue el primer ciudadano guatemalteco no funcionario público en figurar en esa lista. Según el Departamento de Estado, Falla Ovalle obstruyó procesos penales contra exmilitares acusados de violencia y utilizó el sistema judicial para intimidar a quienes investigaban la corrupción, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil.
La influencia de Falla Ovalle
La influencia de Falla Ovalle en el actual contexto judicial no solo ha generado alarma internacional; también representa un síntoma del retroceso democrático que enfrenta Guatemala. El uso del derecho penal como herramienta de venganza política ha sido uno de los sellos de su labor, y lejos de operar en la sombra, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de esta estrategia. No sorprende que, en más de una ocasión, haya sido vinculado con intentos de desestabilización institucional y acusaciones de conspirar contra el orden constitucional.
En un país donde la justicia fue, por momentos, un faro de esperanza, el ascenso de personajes como Raúl Falla Ovalle encarna la captura del Estado por intereses oscuros. Su legado, lejos de estar asociado al fortalecimiento de la ley, está vinculado a su instrumentalización. Las sanciones internacionales lo confirman: no es un defensor del Estado de derecho, sino uno de sus principales depredadores.