La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró una audiencia para conocer la situación de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala. Representantes de la sociedad civil denunciaron una preocupante intensificación de la persecución política, la criminalización y la cooptación del sistema judicial por redes corruptas.
Durante la audiencia, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval —exiliado desde 2021— advirtió que la impunidad en Guatemala “ya no es una falla del sistema, sino su objetivo”. Señaló que más de 60 operadores de justicia han sido criminalizados y al menos 48 se encuentran en el exilio. También denunció la instrumentalización del derecho penal como castigo, la represión sistemática contra pueblos indígenas, la coacción en los procesos judiciales y el papel cómplice del sistema de justicia en la persecución.
Los riesgos que enfrenta Guatemala
Durante la audiencia se alertó sobre los riesgos que enfrenta Guatemala en los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), previstos para 2026. Según indicó, hay antecedentes de presiones indebidas, falta de evaluación técnica en las comisiones de postulación y ausencia de transparencia, lo que podría facilitar una nueva captura institucional.
Se solicitó a la CIDH brindar asesoría técnica urgente para garantizar procesos de selección objetivos, públicos y basados en méritos, con vigilancia internacional constante que impida la repetición de los patrones de cooptación del pasado.
Asimismo, se respaldó la creación de un mecanismo independiente que evalúe el desempeño del Ministerio Público, investigue violaciones a derechos humanos, identifique a los responsables y proponga reformas legales. Además, se planteó que las recomendaciones de dicho mecanismo deberían estar listas antes de la elección de fiscal general en 2026.
En ese sentido, se exigió una resolución urgente de la CIDH que visibilice el retroceso autoritario que atraviesa el país y la criminalización de jueces, fiscales, periodistas, autoridades indígenas y defensoras de derechos humanos. Además, pidió que la CIDH solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar al Estado guatemalteco en desacato por el incumplimiento de medidas provisionales otorgadas a favor de personas perseguidas.
CIDH reitera preocupación
En respuesta, Andrea Pochak, comisionada de la CIDH y relatora para Guatemala, inició su intervención reconociendo los esfuerzos de articulación institucional que se han dado en medio de un contexto de fuerte tensión política. Informó que se encuentra en proceso la elaboración del informe de seguimiento a la visita in loco realizada por la CIDH en 2023, el cual incluirá hallazgos antes, durante y después de esa misión. El informe será entregado al Estado y posteriormente difundido públicamente.
Pochak reiteró la preocupación de la CIDH por el deterioro democrático en Guatemala, la falta de control institucional del Ministerio Público y la persistente criminalización de quienes luchan contra la corrupción. Casos como los del periodista José Rubén Zamora, el exfiscal Stuardo Campo y defensores indígenas perseguidos son muestra clara de una justicia utilizada para garantizar impunidad.
“La democracia necesita poderes independientes que se controlen entre sí. En Guatemala vemos un uso irregular del sistema judicial para interferir con el Ejecutivo y el Judicial”, afirmó. La comisionada envió un mensaje directo: “A quienes defienden los derechos humanos en Guatemala: no están solos. La CIDH los acompaña y protege, porque están defendiendo la democracia.”