El caso “Asalto al Ministerio de Salud” fue uno de los más emblemáticos revelados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando todavía funcionaban con independencia y autonomía.
Según la investigación presentada en 2019, tras el nombramiento del médico Jorge Villavicencio Álvarez (fallecido) como Ministro de Salud Pública entre 2012 y 2014, se conformó una estructura criminal integrada por más de 50 personas, entre ellas funcionarios, particulares y diputados, quienes se beneficiaron ilegalmente del presupuesto del Estado.
Entre los señalados como líderes de esta red figuraban su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez, ambos acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y lavado de dinero.
La red delictiva operaba cobrando comisiones ilícitas por contratos de construcción y remozamiento de hospitales, adquisición de insumos médicos y contrataciones de personal a través de plazas fantasmas o favores políticos. Se identificaron 450 plazas vinculadas a esta red.
También figuraban diputados en funciones al momento de los hechos, como Estuardo Galdámez, Boris España, Roberto Kestler y Rolando Pérez, además de otros actores clave como Heber Cabrera (exgobernador de Quiché) y Juan de Dios Rodríguez, entonces secretario privado del presidente Otto Pérez Molina y expresidente del IGSS.
El declive del caso con Consuelo Porras en el MP
Con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público y el control de la FECI por parte de Rafael Curruchiche, el caso comenzó a deteriorarse. Las salidas de los fiscales originales —algunos de ellos actualmente en el exilio tras ser criminalizados por investigar corrupción— debilitaron el expediente. A pesar de contar con más de 100 mil folios, interceptaciones telefónicas, 37,000 correos electrónicos, declaraciones de colaboradores eficaces, informes financieros, policiales y de la Contraloría, la acusación perdió fuerza en tribunales.
En agosto de 2024, la cuestionada jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz, envió a juicio únicamente a siete personas, pero benefició con falta de mérito a otros siete acusados, entre ellos los supuestos líderes de la estructura.
Entre los exonerados:
- Luis Fernando Pérez, exdiputado y excandidato presidencial.
- Cándida Saraí Villavicencio Delgado, hija del exministro, señalada de ejercer presión para manipular contrataciones.
- Roberto Kestler, exdiputado.
- Jorge Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina.
En su resolución, Cruz argumentó que la única prueba directa era la declaración de Jorge Estuardo Estévez Cabrera, exasesor del Ministerio de Salud y colaborador eficaz, lo cual, a su criterio, era insuficiente para sostener los cargos.
En julio de 2025, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IGSS y mano derecha de Otto Pérez Molina, también fue beneficiado con falta de mérito por la misma jueza, pese a que se le acusaba de influir en el exministro Villavicencio para adjudicar contratos a empresas relacionadas con él.
La jueza también resolvió procesar al exdiputado Juan Pablo Urrea, pero le concedió arresto domiciliario, minimizando la gravedad de los señalamientos.
¿Qué queda del «Asalto al Ministerio de Salud«?
Actualmente, el caso sobrevive solo con una pequeña parte de implicados. Entre ellos, Juan Manuel Llamas García, Luis Óscar Aguilar y Marco Vinicio Morales, procesados por fraude, asociación ilícita y cohecho. La estructura central, sin embargo, está libre o desligada del proceso.
Con Consuelo Porras en el Ministerio Público y jueces como Abelina Cruz emitiendo fallos que favorecen a exfuncionarios, el caso “Asalto al Ministerio de Salud” es otro ejemplo de cómo la cooptación del sistema de justicia en Guatemala permite la impunidad. Lo que en su momento fue una investigación sólida, respaldada por miles de documentos, informes y testimonios, se desmorona a ojos del país, mientras los principales responsables eluden la justicia. Un patrón que se repite en otros casos emblemáticos y que refleja la profunda crisis institucional que vive el país.