En Guatemala, la justicia parece tener memoria selectiva. Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla y uno de los rostros más representativos de la corrupción municipal durante los años en que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aún operaba en el país, ha logrado lo que para muchos sería impensable: cumplir su condena de 29 años de cárcel desde la comodidad de su casa. Una Sala de Mayor Riesgo le otorgó arresto domiciliario sin fianza, alegando que “ya no existe peligro de fuga” y que los riesgos procesales “han quedado desvanecidos”.
Arnoldo Medrano fue sentenciado en 2020 por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y fraude en el caso “Muni-Chinautla: Un negocio de familia”, una investigación emblemática llevada a cabo por la CICIG y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). El caso destapó cómo la municipalidad fue cooptada por una red criminal liderada por Medrano, quien convirtió la gestión pública en un esquema de enriquecimiento privado para él, su familia y allegados.
Pero el sistema judicial, el mismo que tardó años en llevarlo a juicio, hoy le otorga privilegios. Las condiciones de su “castigo” son mínimas: no puede salir del país, debe presentarse una vez al mes ante las autoridades y debe permanecer en su residencia. Nada que no pueda cumplir desde el confort de su vivienda, lejos de las rejas que la sentencia dictó.
Caso contra Arnoldo Medrano
La estructura liderada por Medrano desvió al menos Q25 millones del erario público mediante la adjudicación de contratos a constructoras de cartón, muchas de ellas creadas con el único fin de beneficiarse de fondos municipales. Empresas sin trayectoria, creadas al vapor, que lograron contratos millonarios mientras la población de Chinautla seguía esperando servicios básicos.
Arnoldo Medrano convirtió la municipalidad en un feudo familiar: entre 2008 y 2012, su esposa y otros allegados controlaban el Concejo Municipal. Él propuso la creación de un fideicomiso con Banrural bajo el argumento de “gestionar obras sociales”. En realidad, fue el canal perfecto para triangular fondos públicos hacia sus propias empresas.
La FECI y la CICIG documentaron cómo esta red no solo operó en Chinautla, sino que extendió su tentáculos a otras municipalidades, usando las mismas constructoras para captar contratos de forma irregular. Sin embargo, a pesar del peso de las pruebas, Medrano hoy está en casa.
Impunidad hereditaria
Este caso confirma lo que muchos guatemaltecos ya temen: que el sistema judicial está siendo vaciado desde dentro. Donde antes hubo voluntad de investigar y sancionar la corrupción, hoy hay puertas giratorias para los corruptos condenados. Arnoldo Medrano no es un perseguido político, es un condenado. Pero en Guatemala, ser parte del viejo poder significa que incluso una condena de 29 años puede convertirse en una estadía cómoda en casa.
El negocio familiar de los Medrano no solo saqueó fondos públicos. También dejó un mensaje claro: en este país, la impunidad es hereditaria.