El caso conocido como Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, una de las investigaciones más emblemáticas reveladas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) se encuentra hoy prácticamente desmantelado. Desde que Consuelo Porras asumió como Fiscal General en 2018, el caso ha sido debilitado progresivamente, y a lo largo de los últimos años, los principales implicados han quedado en libertad, favorecidos por decisiones judiciales que han generado serias dudas sobre la voluntad de combatir la corrupción estructural en el país.
El caso fue presentado en su momento por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que documentaron cómo una estructura de alto nivel, encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina, dos de sus secretarios privados —Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Juan de Dios Rodríguez—, así como empresarios y abogados de alto perfil, habrían tejido una red para cooptar las instituciones públicas y enriquecerse con recursos estatales.
Uno de los nombres más señalados fue el del empresario José Maynor Palacios Guerra, vinculado a contratistas del Estado como Sigma Constructores, Lanello Contratistas Generales y HW Contractors. Entre 2011 y 2012, transfirió más de Q56 millones (US\$ 7,29 millones) a Gustavo Alejos, a través de sociedades vinculadas, a cambio de favores y contratos públicos.
Aceptación de cargos y condenas mínimas
En 2023, el abogado Manuel de Jesús Palma y Palma aceptó cargos por asociación ilícita y lavado de dinero, y fue condenado a cuatro años de prisión conmutables, lo que reflejó una línea de resolución que evitó juicio y redujo penas significativamente para los implicados.
Pero el giro más radical ocurrió en 2024, cuando la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, favoreció al empresario Gustavo Alejos y a su esposa Beatriz Jansa, al cerrar el proceso penal en su contra bajo el argumento de falta de pruebas.
Esa judicatura también liberó de cargos al expresidente Otto Pérez Molina y al exdirector del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, señalando que no había indicios suficientes para enviar a juicio a ninguno de ellos, pese a los años de investigación.
En marzo de 2025, la misma jueza Cruz cerró el caso contra el empresario William Balz, quien había sido vinculado como parte de la red de lavado de dinero y sobornos operada por Alejos. Aunque el MP sostuvo que Balz actuó como facilitador de bienes para influir en contrataciones del Estado, el tribunal desestimó los señalamientos por considerar que “no constaban los documentos” que respaldaran las acusaciones.
Una FECI al servicio del retroceso
Desde que Rafael Curruchiche asumió la jefatura de la FECI, nombrado por Consuelo Porras en agosto de 2021, la fiscalía dejó de perseguir estructuras criminales de alto nivel y pasó a atacar a fiscales independientes, jueces probos y periodistas. En lugar de fortalecer los casos históricos de corrupción, los ha abandonado o debilitado. Hoy, la FECI bajo su mando es una sombra de lo que fue durante la lucha anticorrupción.
Uno de los pocos implicados que aún enfrenta una orden de captura activa es el exministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales, Acisclo Valladares Urruela, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita. Su orden fue girada en 2019, pero hasta la fecha no ha sido ejecutada, ya que se encuentra cumpliendo una condena en Estados Unidos, tras haberse declarado culpable por transacciones ilegales. A pesar de múltiples intentos por cerrar el proceso en Guatemala, Valladares no ha logrado que las autoridades desistan del expediente en su contra.