El lunes, 1 de septiembre de 2025, se cumplieron nueve años desde que se reveló el caso Botín del Registro de la Propiedad, que destapó plazas fantasmas y pagos irregulares bajo la dirección de Anabella de León durante el gobierno del Partido Patriota.
Según la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, al menos 15 plazas ficticias generaron un desembolso de Q3 millones, y se detectaron pagos por servicios que nunca se realizaron, con un costo aproximado de Q150 mil. Unas 25 personas fueron señaladas, incluyendo familiares del expresidente Jimmy Morales.
Los Morales absueltos
Entre ellos, Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del exmandatario, lograron ser absueltos en 2019 y posteriormente revocar todas las medidas de coerción en su contra. En febrero de 2025, Samuel Morales recibió la devolución de Q100 mil que había pagado como caución económica, tras confirmar el MP que no existían procesos abiertos en su contra.
Anabella de León y el exdiputado del Parlacén Othmar Sánchez también fueron absueltos y liberados de medidas cautelares, incluyendo arresto domiciliario y prohibiciones de salida del país. Incluso se anuló la obligación de registrar huellas dactilares en el sistema judicial.
Justicia protectora de corruptos
Lo que comenzó como un caso emblemático de corrupción, que evidenciaba la manipulación de recursos públicos y fraude institucional, terminó mostrando cómo la justicia en Guatemala protege a los poderosos. A nueve años de su revelación, el caso Botín del Registro de la Propiedad sigue siendo un ejemplo de impunidad: los señalados no solo evadieron sanciones, sino que recuperaron dinero y privilegios que deberían haber perdido.