El informe sobre el clima de inversión 2025 de Estados Unidos volvió a poner el dedo en la llaga: Guatemala es un país donde la corrupción se enquista cada vez más, y gran parte de la responsabilidad recae en la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. Según el documento oficial, la administración de Porras ha obstaculizado de forma sistemática las investigaciones anticorrupción, debilitando el sistema de justicia y erosionando la confianza en las instituciones.
El reporte, de 29 páginas, fue publicado por el Departamento de Estado como parte del seguimiento al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR). En su punto ocho, dedicado a la corrupción, el documento expone que el Ministerio Público bajo el mando de Porras ha “desbaratado investigaciones” que involucraban casos de alto impacto, incluyendo tramas de sobornos y defraudación tributaria.
El texto cita como ejemplo la falta de avances en el caso Odebrecht y en la investigación de una red de 410 empresas que intentaron evadir alrededor de Q800 millones en impuestos. Pese a que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó las pruebas, el Ministerio Público no ha ejecutado ninguna captura.
Retroceso en la lucha contra la Corrupción
Estados Unidos subraya que, tras la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante el gobierno de Jimmy Morales, el retroceso en la lucha contra la corrupción ha sido evidente. Bajo el liderazgo de Consuelo Porras, las investigaciones han sido retrasadas o archivadas, y varios fiscales independientes fueron perseguidos o forzados al exilio.
El informe también advierte que la corrupción se mantiene como un obstáculo central para la inversión extranjera. Empresas estadounidenses reportan pagos ilegales exigidos en procesos de contratación pública y sobornos en las aduanas, donde funcionarios corruptos retienen mercancías hasta recibir dinero. Aunque se implementaron reformas para transparentar los procesos, las denuncias siguen sin respuesta por parte del MP.
Ineficiencia en la justicia guatemalteca
El documento añade que el sistema de justicia guatemalteco arrastra “ineficiencia burocrática sistémica”, y que los retrasos deliberados en la tramitación de casos reflejan la falta de independencia judicial. A pesar de que las cifras de homicidios bajaron levemente en 2024, el verdadero problema —según el informe— es la descomposición institucional liderada por quienes deberían garantizar la justicia.
En conclusión, el gobierno de Estados Unidos deja claro que el liderazgo de Consuelo Porras ha debilitado la lucha contra la corrupción, entorpecido procesos judiciales clave y deteriorado el clima de inversión en Guatemala. Su nombre vuelve a aparecer como símbolo de impunidad, y el país continúa pagando las consecuencias de una fiscalía que, lejos de perseguir a los corruptos, parece protegerlos.