El 28 de octubre de 2016 marcó un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Ese día, el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron una serie de capturas contra miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y empresarios particulares, señalados de integrar una estructura criminal que saqueó el patrimonio de la institución. Nueve años después, el caso Bantrab-Elgin se ha desvanecido entre absoluciones, dudas y la inacción del MP dirigido por Consuelo Porras.
Según las investigaciones de la entonces FECI, liderada por el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, la red utilizó empresas de cartón y transacciones simuladas para apropiarse de fondos del banco. La trama se originó en 2009, cuando Bantrab adquirió una cartera de créditos del extinto Banco del Café. Entre esos activos figuraban diez fincas de la empresa Villas de Elgin, S.A., que al no poder pagar sus deudas, las adjudicó al banco.
En 2011, Bantrab vendió las propiedades a la sociedad Desarrollos 2812, S.A. por apenas Q4 millones, aunque su avalúo interno las valoraba en Q7 millones. Paralelamente, el banco autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen Yesenia Flores Paz, simulando honorarios profesionales. Ese dinero fue transferido a empresas vinculadas con directivos del Bantrab, cerrando así el circuito del desfalco.
Directivos del Bantrab capturados
Entre los capturados figuraron Sergio Aníbal Hernández Lemus, expresidente del Bantrab, y otros altos ejecutivos, acusados de lavado de dinero, peculado y asociación ilícita. La CICIG recordó entonces que Bantrab es una entidad mixta, con capital público y privado, creada para atender las necesidades financieras de los trabajadores y cuyo presidente es nombrado por el Ejecutivo.
Sin embargo, tras la expulsión de la CICIG en 2019 y la destitución de Sandoval en 2021, el caso perdió impulso. El 10 de septiembre de 2024, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a Hernández Lemus, Ronald García Navarijo y Astrid Ileana Overbeck, al considerar que no se comprobó la comisión de los delitos. La resolución fue vista por sectores ciudadanos como una muestra más del colapso de la justicia independiente bajo la gestión de Porras.
A nueve años de las capturas
El fallo reflejó la desarticulación del trabajo de investigación que alguna vez permitió desmantelar complejas estructuras financieras. A pesar de que existían pruebas sobre las transacciones irregulares, la acusación perdió fuerza ante la falta de seguimiento técnico y la salida de fiscales experimentados.
A nueve años de las capturas, el caso Bantrab simboliza el contraste entre una época en que Guatemala parecía avanzar en la lucha contra la corrupción y la actualidad, marcada por la impunidad y el debilitamiento institucional. Hoy, recordar este proceso es recordar también el valor de las instituciones que alguna vez creyeron posible que la justicia prevaleciera sobre el poder económico y político.