La polémica actuación del juez Orellana ha vuelto a poner en evidencia la fragilidad del sistema judicial en Guatemala y la urgente necesidad de establecer precedentes claros que fortalezcan la independencia responsable de la judicatura. Así lo analiza la abogada Mariana Rohrmoser en su columna publicada por eP Investiga.
De acuerdo con Rohrmoser, el país enfrenta un panorama marcado por la desestabilización institucional: un Congreso vulnerable, procesos de antejuicio contra el presidente de la República, jueces desobedientes y un Ministerio Público cuestionado. En medio de esta crisis, Orellana ha destacado negativamente como un juez que obstaculiza la justicia mediante resoluciones consideradas ilegítimas, lo que, según la especialista, socava la democracia y el bienestar social.
El caso específico que motiva la indignación ciudadana se relaciona con la acción del juez que intentó anular al partido político Semilla, a pesar de que éste ya estaba cancelado, excediendo su competencia y desobedeciendo resoluciones previas de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Graves delitos de Fredy Orellana
El 25 de octubre, los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra presentaron ante la CC una acción de asistencia para la debida ejecutoria de la sentencia 6175-2023, que garantizaba la toma de posesión de autoridades electas. La Corte advirtió a Orellana sobre su extralimitación, aunque no llegó a destituirlo.
Rohrmoser enfatiza que estas actuaciones constituyen faltas graves y delitos como el prevaricato, y subraya la necesidad de que la Junta Disciplinaria Judicial investigue y sancione al juez, incluyendo la posibilidad de destitución, para sentar un precedente que reafirme que la independencia judicial no puede convertirse en impunidad.
“La rendición de cuentas de un juez no puede transformarse en un campo de batalla político, pero tampoco la independencia judicial debe servir de escudo para la arbitrariedad”, advierte la abogada. El manejo de este caso será crucial para determinar si los guatemaltecos podrán confiar nuevamente en la justicia y en la aplicación equitativa de la ley.
En definitiva, el caso del juez Orellana es un espejo del sistema judicial y un termómetro de la salud democrática del país. La transparencia, objetividad y firmeza en su proceso disciplinario definirán el rumbo de la justicia en Guatemala, subraya Mariana Rohrmoser en eP Investiga.
Columna de opinión de Ep Investiga: Debe existir un precedente