A casi dos décadas de los hechos ocurridos en las cárceles de El Infiernito y Pavón, estos casos siguen siendo un recordatorio del poder, la corrupción y la impunidad que imperaban en las instituciones de seguridad del Estado guatemalteco durante la primera década de los 2000.
Todo comenzó el 22 de octubre de 2005, cuando diecinueve internos se fugaron de la cárcel de alta seguridad conocida como El Infiernito. A raíz de la evasión, exfuncionarios y mandos policiales implementaron el “Plan Gavilán”, una operación encubierta para recapturar a los reclusos. Sin embargo, las investigaciones posteriores demostraron que varios de los fugados fueron ejecutados extrajudicialmente tras ser localizados.
Uno de los primeros crímenes ocurrió el 1 de diciembre de 2005, cuando Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa fueron asesinados en un paraje conocido como Las Cuevas, en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Las autopsias revelaron que los reos fueron capturados con vida y luego ejecutados, contradiciendo la versión oficial que hablaba de un enfrentamiento armado.
Ejecuciones planificadas
Menos de un año después, el 25 de septiembre de 2006, el Estado ejecutó otro operativo denominado “Pavo Real”, que culminó con la muerte de siete reos en la Granja Penal de Pavón. Las autoridades presentaron los hechos como un intento por retomar el control del penal, pero las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público (MP) demostraron que se trató de ejecuciones planificadas, parte de una política de “limpieza social” dentro del sistema penitenciario.
Los procesos judiciales se extendieron por años y alcanzaron a altos exfuncionarios del gobierno de Óscar Berger (2004–2008), entre ellos el exministro de Gobernación Carlos Vielmann, el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) Erwin Sperisen, y el exsubdirector Javier Figueroa. Vielmann fue absuelto en España; Figueroa, en Austria; mientras que Sperisen fue condenado en Suiza, donde residía, por su complicidad en las ejecuciones de Pavón.
En septiembre de 2024, un tribunal de apelaciones de Ginebra confirmó la condena de 14 años de prisión contra Sperisen, aunque su pena no implica regreso a prisión, dado que ya cumplió más de dos tercios del tiempo en reclusión. A la salida del tribunal, el exjefe policial acusó de negligencia a la justicia suiza y anunció que volvería a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Condenas casos Pavón Infiernito
En Guatemala, el Tribunal Primero de Mayor Riesgo B condenó entre 15 y 33 años de prisión a cuatro exfuncionarios policiales, incluido Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe de Investigación Criminal de la PNC, por su participación directa en las ejecuciones de 10 reos entre 2005 y 2006.
En aquel entonces, el director del Sistema Penitenciario era Alejandro Giammattei, quien fue sobreseído por la Corte de Constitucionalidad en 2012 y 2014.
La CICIG desempeñó un papel determinante en el esclarecimiento de estos crímenes, aportando pruebas técnicas, testigos y cooperación internacional que permitieron evidenciar cómo estructuras dentro del Estado orquestaron ejecuciones ilegales bajo el pretexto de mantener el orden.
Hoy, en 2025, el caso Pavón Infiernito sigue siendo una lección histórica sobre los abusos del poder y la necesidad de mantener la vigilancia ciudadana y judicial para evitar que la impunidad vuelva a imponerse.